Las empresas públicas de ese sector deberán presentar un plan de readecuación y priorización de obras.
El Gobierno decretó la emergencia pública en materia ferroviaria por dos años, tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado. Según lo establecido en el DNU 525, publicado este jueves en el Boletín Oficial, las empresas del sector deberán presentar un plan de readecuación y priorización de obras.
Esta medida tiene como objetivo "resguardar la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros". La declaración de emergencia abarca todas las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y operación de la infraestructura ferroviaria en la Red Ferroviaria Nacional.
El decreto establece que la emergencia incluye tanto los servicios prestados directamente por el Estado Nacional como aquellos gestionados por otras entidades. Además, señala que "el Poder Ejecutivo Nacional o la autoridad de aplicación designada podrá prorrogar dicho plazo por única vez por otro período de hasta 24 meses", en caso de ser necesario.
Desde el Gobierno se comprometieron a asignar un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 que será utilizado para las tareas de fortalecimiento del sistema ferroviario, mientras que $350.000 millones deberán imputarse en el presupuesto 2024. No obstante, la suma solo podrá ser utilizada para los proyectos que hayan sido aprobados.
Las entidades del sector ferroviario que deberán presentar un plan de acción dentro de un plazo de 15 días
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado
La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima
Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria
En caso de ser necesario, las propuestas también deberán contemplar "adecuaciones de las condiciones laborales de los trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales correspondientes".
Todas las entidades deben elevar una propuesta de “medidas indispensables y urgentes” ante el Gobierno para “mejorar la seguridad operativa del servicio ferroviario”. El plan de acción debe incluir “solicitudes de readecuación presupuestaria” y un esquema de “priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones”. Además, deberán detallar “una breve descripción de cada medida, el plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuentes de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad”.
Por otro lado, se autorizó a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias a dar de baja las contrataciones de tercerizados que no se adecuen al plan de acción. A su vez, las entidades tendrán la facultad de atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y firmar los contratos necesarios para formalizar las colaboraciones en materia operativa y en la gestión de infraestructura.
