El Colegio de Abogados de la Ciudad envió un duro comunicado por un fallo que reduce la pena a "tan solo una multa". Le pidieron a la Corte Suprema que dé marcha atrás con la decisión.
El Colegio de Abogados de la Ciudad expresó su preocupación por el último fallo en relación a la causa cuadernos, que realizó la Sala I la Cámara Federal de Casación Penal. El Colegio comprende que puede comprometer la "persecución" y el "castigo" de otros casos de corrupción. Por eso, le pidieron a la Corte Suprema que "deje sin efecto la decisión adoptada prematuramente por la Sala".
"Resulta imperioso que el Máximo Tribunal deje sin efecto la decisión adoptada prematuramente por la Sala en beneficio de los allí imputados, a fin de allanar el camino al juicio oral y público cuya realización es inminente", indican los letreados.
Explicaron que la Sala I de Casación "atendió favorablemente el planteo efectuado por uno de los acusados, y resolvió que la causa –donde se investiga la entrega de aportes dinerarios ilegítimos a funcionarios públicos- deberá tramitar ante la justicia electoral, al considerar que dichas sumas de dinero constituirían contribuciones irregulares de campaña, en lugar de actos de cohecho o dádiva. Por un lado, esta decisión sustrae al imputado del juicio oral y público que, en caso de resultar en una condena, lo confrontaría con una pena de prisión. Por el otro, al alterar la imputación, la pena en expectativa sería tan solo de una multa".
"La decisión del Tribunal de Casación es manifiestamente nula, pues antes de resolver lo solicitado por la defensa omitió oír a la Unidad de Información Financiera, que es querellante en la causa y, por esa razón, su intervención era inexcusable. Pero además, la resolución es arbitraria pues constituye un adelantamiento de la decisión que le compete tomar al juez natural de la causa que es el Tribunal Oral Federal Nro. 7, luego de celebrado un juicio oral, contradictorio y de amplitud e inmediatez probatoria, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación. Sintetizando el asunto, es precisamente en ese juicio oral donde deberá dilucidarse si se está en presencia de un cohecho o de un aporte de campaña", indicaron.
Además, señalaron que "el Tribunal de Casación ha omitido ponderar que se entregaron 16 bolsos con dinero en un garaje de Puerto Madero y que, el empresario involucrado era el titular de una empresa que tenía contratos públicos vinculados con la construcción. Es pues evidente que todo lo relacionado con la finalidad o el carácter de la entrega de ese dinero por parte del empresario a los funcionarios públicos, es algo que deberá dilucidarse en un juicio público por el delito más grave establecido en el requerimiento de elevación a juicio, que es el de cohecho".
Desde el Colegio de Abogados explican que esta decisión podría posibilitar a que "los demás acusados en la causa ´Cuadernos´ realicen planteos similares con el objeto de evitar su juzgamiento, en un juicio oral y público, por conductas relacionadas a la entrega de sobornos a funcionarios públicos, a cambio del pago de una multa. Peor aún, constituye un antecedente peligroso en el juzgamiento de ciertas conductas de cohecho o dádivas a funcionarios públicos pues, dependiendo de cada caso concreto, una persona que resulte acusada de dicho delito eventualmente podrá sortear la imputación, argumentando que la entrega de dinero constituye una contribución irregular al financiamiento de campañas políticas".
"En conclusión, el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires expresa que la lucha contra la corrupción es un deber del Estado Argentino, no sólo a la luz del derecho interno vigente sino también por disposiciones expresas de los Tratados Internacionales que nuestro país ha firmado. Lamentablemente, la resolución judicial de la Sala 1 atenta contra dichos instrumentos, alimenta el descrédito de nuestras instituciones por parte de la ciudadanía y desalienta las inversiones y el desarrollo económico", concluyen.
