Adriana Diaz, presidenta de la comisión de DD HH de la Cámara de Diputados se refirió a la creación de un “FBI criollo”, propuesto por el gobierno de Milei.- eldiariodecatamarca.com
Este decreto, que modifica el perfil de la PFA hacia la "seguridad del Estado" y la investigación de delitos complejos, ha generado serios cuestionamientos por las amplias facultades que otorga a los agentes, permitiendo, entre otras acciones, la detención, el ciberpatrullaje y la realización de requisas en situaciones que carecen de una definición clara y, fundamentalmente, sin orden judicial.
“Asistimos con enorme preocupación a un avance sobre las libertades individuales y el respeto al debido proceso”.
“Esta reforma, realizada por decreto y sin el necesario debate en el Congreso, abre peligrosas ventanas para la criminalización de las organizaciones sociales y políticas, la represión de la protesta y un ciberpatrullaje masivo de quienes ejercen su derecho a pensar distinto. Otorgar estas facultades sin el control judicial previo es un retroceso grave para nuestro Estado de Derecho”.
Díaz enfatizó la importancia de garantizar que cualquier acción de las fuerzas de seguridad federales esté siempre bajo el estricto marco legal y el control de la Justicia, para evitar abusos y asegurar la protección de las garantías constitucionales.
“Es imprescindible que el Estado garantice la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales. Este decreto, al habilitar la actuación policial sin la intervención judicial necesaria en áreas tan sensibles como el espionaje y las detenciones, genera un escenario de incertidumbre y potencial arbitrariedad”
