La deuda que arrastra el área desde gobiernos anteriores se le suma un proyecto que podría agravar la situación de los beneficiarios de las prestaciones. Una iniciativa que es pensada desde diciembre.
"Es un acta de defunción", advirtieron varios prestadores de servicios de discapacidad, quienes hace dos semanas quedaron en jaque cuando el boceto de un proyecto empezó a asomarse. Se trata de una iniciativa presidencial que establecería que los organismos públicos financiadores de las prestaciones se fijen de forma independiente.
Dicha decisión iría en contra de la Ley 24.901, la cual establece que debe existir un Sistema único de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. En consecuencia, este decreto haría que sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales, sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.
Para desregular este sistema, lo que harían es eliminar ese nomenclador único, por lo que pasarían a haber aranceles de PAMI, Incluir Salud y otro de la Superintendencia de los servicios de salud. Es decir, de entrar en vigencia el proyecto, cada organismo público nacional financiador fijaría por su cuenta los aranceles para cada prestación. Esto podría llegar a afectar a 200.000 pacientes.
El decreto que desregula a las prestaciones en discapacidad
Este decreto, que se dio a conocer el pasado 10 de mayo pero que aún no ha sido aprobado, busca determinar que "los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad", según especifica su artículo 2.
El sector de discapacidad encendió las alarmas frente a este anuncio, por lo que el martes 21 el Foro Permanente de Discapacidad brindó una conferencia de prensa en la capital porteña: "Así se dejaría de escuchar por lo menos el parecer de quienes brindan estas prestaciones, que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores", indicó Pablo Molero, coordinador del organismo.
