Es por la inminencia de un conflicto bélico en la zona, tras la amenaza de Irán y Hezbollah de atacar a Israel. Sectores de la inteligencia siguen de cerca los acontecimientos.
Los ministros Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Diana Mondino, Relaciones Exteriores; y Luis Petri, Defensa; organizaron y pondrán en marcha un plan de evacuación de los argentinos que se encuentran en la República del Líbano.
Es una decisión política y humanitaria del Gobierno argentino de proteger a sus ciudadanos y sacarlos cuanto antes de una zona de conflicto que escaló de forma repentina con altísima posibilidad de acciones bélicas.
En las últimas horas varias naciones pidieron a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país “lo antes posible” por el peligro de un inminente ataque de Irán y del grupo terrorista libanés Hezbollah contra Israel.
Los primeros pasos del plan de evacuación apuntaron a confeccionar un listado de personas que estaban por razones turísticas, laborales y viviendo allí. Se trabajó con datos consulares previos y los que van aportando quienes buscan salir de la zona de inminente violencia armada.
El modo (avión militar o aerolínea comercial), frecuencias y aeropuertos de escala no se conocen por razones de seguridad y confidencialidad que requiere la ejecución del plan.
En 2023 el país activó la operación “Regreso Seguro” coordinado por Cancillería y Defensa con aviones de la Fuerza Aérea y de Aerolíneas Argentinas para repatriar ciudadanos argentinos de Israel que había sido sufrido un ataque terrorista de Hamas.
La Cancillería emitió el sábado un comunicado recomendando a los connacionales que se encuentren en el Líbano “estar atentos a la evolución de la situación” y evitar o postergar viajes a ese país.
La situación es muy volátil y está en constante evaluación por diversos organismos del sistema de inteligencia nacional; el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) que conduce Alejandro Colombo, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa a cargo de Marco Constenla, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, dirigida por Ricardo Ferrer Picado, además del aporte de la secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete que comanda José Vila, veterano analista senior de inteligencia con expertise en antiterrorismo cuyo último destino activo fue la delegación de la AFI (ex SIDE) en los Estados Unidos.
En esas oficinas se reúne, recibe y comparte información propia y de la comunidad de inteligencia internacional en particular de países amigos y aliados.
Las señales de alarma sonaron en todas las oficinas de reunión de información al conocerse el bombardeo israelí en Beirut que mató al máximo comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, y al asesinato atribuido a Israel en Teherán del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh.
La amenaza del terrorismo pasó a primer plano de atención en la gestión de Javier Milei. El Gobierno declaró al grupo Hamas como “organización terrorista internacional”. El anuncio fue realizado el viernes 12 de julio, a pocos días de cumplirse 30 años del atentado contra el edificio de la AMIA, que provocó la muerte de 85 personas.
La semana pasada el Gobierno a través del ministro de Defensa, Luis Petri, envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Seguridad Interior (art. 27) y habilitar la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. El vocero Manuel Adorni comunicó la reforma: "Se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas". Y aclaró que se prevén estas intervenciones "por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia".
La preocupación de los organismos de inteligencia surge también de data interna que siempre vinculó el régimen de Maduro con los intereses de la República Islámica de Irán.
La inestabilidad política y represión a opositores en Venezuela por el fraude electoral atribuido a Maduro resulta terreno fértil a la expansión de acciones violentas contra otros blancos.
El primer postulado es que, debido a su proximidad a Estados Unidos, Irán utiliza a Venezuela (y Maduro) como su base de operaciones en Sudamérica. Envía agentes de la Guardia Revolucionaria iraní y terroristas de Hezbollah en una extensa red con puente terrestre en Venezuela hacia países objetivo, como lo fue Argentina con la AMIA.
