La Justicia comprobó que hubo un plan sistemático para destruir pruebas en la causa Sur Finanzas ligada a la AFA
La causa por presunto lavado de activos contra Sur Finanzas reveló la existencia de un protocolo de emergencia para eliminar documentación y evidencia digital.
La investigación judicial que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora avanza sobre la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos, y ahora incorpora un elemento determinante: los investigadores identificaron una estructura organizada dentro de la compañía destinada exclusivamente a destruir pruebas antes y después de los allanamientos.
El expediente está a cargo del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes centran su indagatoria en el funcionamiento interno de la firma y el rol de sus principales responsables. Al frente de la empresa se encuentra Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
¿Cómo operó el protocolo de destrucción de pruebas?
Según la reconstrucción judicial, entre el 1° y el 11 de diciembre de 2025 se activó un protocolo de emergencia que incluyó múltiples acciones coordinadas: eliminación de registros de cámaras de seguridad, retiro de dinero en efectivo, formateo masivo de equipos informáticos, desconexión de sistemas internos y ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La evidencia principal proviene de comunicaciones internas recuperadas por los investigadores, que exponen una cadena de mando precisa. El episodio inicial data del 1° de diciembre de 2025, cuando a las 00:51 horas Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, envió instrucciones a la tesorera Micaela Sánchez, hoy procesada con arresto domiciliario por encubrimiento.
Las órdenes fueron explícitas: que un empleado identificado como Enrique procediera a recaudar dinero, que transmitiera a Agustín la directiva de borrar las cámaras, y que Juan, del área de Sistemas, permaneciera en su domicilio. Esta última instrucción, según consta en el expediente, buscaba apartarlo de la escena para evitar su colaboración con las autoridades o preservar su perfil técnico para tareas posteriores de limpieza digital.
¿Quiénes ejecutaron las órdenes de eliminación de evidencia?
La causa identifica a Agustín Maciel como ejecutor de una de las tareas más sensibles: el mismo 1° de diciembre eliminó los registros fílmicos de la empresa, confirmando la hipótesis del borrado de seguridad.
La estructura de encubrimiento habría involucrado a distintas áreas de Sur Finanzas. Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, envió un mensaje a Juan Soler ordenando ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas. El objetivo identificado por la Justicia era inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de operaciones financieras.
El 6 de diciembre, un intercambio entre la cajera Cecilia y la tesorera Micaela Sánchez reveló el resguardo de documentación física. "Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?", escribió la cajera. "¿Qué te había dado?", preguntó Sánchez. "Dos cuadernos. Están bien guardados", confirmó Cecilia. Para la Justicia, este diálogo constituye prueba del resguardo deliberado de contabilidad paralela fuera del circuito formal.
¿Qué sucedió el 11 de diciembre en el operativo de Turdera?
La operación se extendió hasta el 11 de diciembre, cuando Micaela Sánchez coordinó con el área de Sistemas el retiro de CPU del depósito, en referencia explícita al retiro de hardware y teléfonos celulares para ponerlos fuera del alcance de los investigadores.
Simultáneamente, Rolando Soloaga, jefe de choferes, informó en un grupo interno que, a pedido del jefe, se montarían guardias en el estacionamiento para vigilar que no se robara nada, además de coordinar tareas de limpieza y el retiro de ploteos identificatorios de las camionetas de la empresa.
Esas instrucciones tuvieron su ejecución material el 11 de diciembre, cuando un vecino alertó a la fiscalía que camionetas Toyota SW4 de la financiera realizaban una mudanza rápida hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.
Al allanar el lugar, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. Allí detuvieron in fraganti a la tesorera Micaela Sánchez intentando ocultar celulares debajo del asiento de un vehículo, junto a dos choferes.
¿Qué medidas judiciales se tomaron tras el operativo?
El 23 de diciembre, el juez Armella procesó con prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario a Micaela Sánchez y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los acusó de encubrimiento agravado por intentar destruir pruebas de un delito mayor.
¿Cuál es la postura de la defensa de Ariel Vallejo?
Desde el entorno de Ariel Vallejo se desmarcaron de las acusaciones. Aseguran que el empresario no dio ninguna orden para destruir material probatorio. "Menos aún después del allanamiento, porque se llevaron todo", argumentan.
Respecto al accionar de los empleados, la estrategia defensiva sugiere que pudieron haber actuado por iniciativa propia, amparados en la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación, lo que implicaría que destruir pruebas que los comprometen personalmente no constituiría un delito autónomo exigible a ellos.
¿Qué otras líneas de investigación sigue el expediente?
Estas evidencias se suman a un expediente voluminoso por lavado de activos, que ya cuenta con el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados. La Justicia investiga una trama de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificar y la utilización de una red de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones.
