El abogado de dos policías imputados solicitó el sobreseimiento por prescripción, mientras que la Fiscalía insiste en que la complejidad del expediente justifica la continuidad del proceso. La Corte debe resolver si avanza el juicio oral. –eldiariodecatamarca.com
En el salón San Martín de la Corte de Justicia se llevó a cabo una audiencia clave para definir el futuro judicial de una causa emblemática, la muerte de cuatro adolescentes en una celda de la Alcaidía policial de avenida Colón. El abogado defensor Marcos Gandini, quien representa a los policías retirados Adrián Antonio Mansilla y Luis Alberto Leiva, solicitó la prescripción de la acción penal por violación al principio de “plazo razonable” y pidió el sobreseimiento de sus defendidos.
Ambos agentes, en situación de retiro desde hace casi una década, están imputados por homicidio culposo agravado junto a otros tres efectivos (uno de ellos ya fallecido), y fueron llevados a juicio por los hechos ocurridos años atrás.
La audiencia fue presidida por el tribunal de la Sala Penal de la Corte, integrado por las ministras Fernanda Rosales Andreotti, Rita Verónica Saldaño y el ministro Néstor Hernán Martel. A pesar de haber sido convocados, no se presentaron otros abogados defensores ni los querellantes particulares, lo que no impidió el desarrollo de la audiencia.
Sí estuvo presente la fiscal correccional Cynthia Romero, quien argumentó con firmeza en contra del pedido de prescripción. Consideró que no se dan los supuestos necesarios para aplicar dicha figura y sostuvo que "el mero transcurso del tiempo per se no es suficiente para declarar la prescripción de una causa".
También, explicó que el expediente es de gran complejidad, con más de ocho cuerpos, anexos, más de cincuenta testigos, múltiples pericias y elementos probatorios. Destacó que se trata de un caso marcado por múltiples vulnerabilidades, tanto por la condición de las víctimas como por la responsabilidad institucional de los acusados, quienes eran efectivos policiales en funciones.
En ese sentido, defendió la resolución del juez correccional que elevó la causa a juicio y pidió que se confirme su validez para avanzar con el debate oral y público.
Tras escuchar los planteos, la presidenta del tribunal, Fernanda Rosales Andreotti, anunció un cuarto intermedio para deliberar. La Corte deberá resolver si el caso prescribe cerrando la posibilidad de enjuiciar a los imputados o si se ratifica la decisión de avanzar hacia el juicio oral, que podría saldar una deuda judicial pendiente por uno de los hechos más dolorosos ocurridos bajo custodia del Estado.
El fallo será clave no solo para determinar responsabilidades penales, sino también para sentar un precedente sobre los tiempos y límites del sistema judicial en causas de alto impacto institucional.
