Los afectados pertenecen principalmente a ministerios y secretarías que ya han sido disueltas. Sus contratos temporales vencen en julio y no serán renovados.
El presidente Javier Milei continúa con su conocido "plan motosierra", acelerando un nuevo proceso de despidos en el Estado. Este domingo, aproximadamente 5000 empleados de la administración nacional serán desvinculados debido al vencimiento de sus contratos temporales con la llegada de julio.
Estos trabajadores forman parte de un grupo más amplio de 50.000 agentes públicos cuyos contratos fueron extendidos a fines de marzo durante la primera gran ola de despidos de la actual gestión, que afectó a 15.000 empleados.
Los afectados pertenecen principalmente a ministerios y secretarías que ya han sido disueltas, como la Secretaría de Mujeres y Género, además de organismos autónomos como el INTI. La notificación de estos despidos comenzó a circular el viernes por correo electrónico, mientras que algunos empleados recibieron una extensión de tres meses en sus contratos. En respuesta a estos despidos, el gremio ATE ha convocado a una concentración este lunes frente a los organismos públicos.
Aunque esta serie de despidos no es tan extensa como las anteriores, el objetivo a mediano plazo del Gobierno de Milei es eliminar progresivamente todos los contratos de la planta estatal. Hasta la fecha, el Gobierno ya ha despedido a 18.019 contratados estatales en sus primeros seis meses, reduciendo el número total de empleados de 72.000 a 53.981.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, es la funcionaria que lidera el número de despidos, habiendo eliminado 4.930 contratos vinculados a su cartera, que incluye áreas como Trabajo, Educación, Cultura, y Niñez y Familia. Por su parte, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sigue en segundo lugar con 3.195 despidos en su sector.
Esta política de reducción de personal incluye medidas adicionales para los empleados de planta permanente, según lo establecido en la Ley Bases. Dicha ley propone que los empleados afectados por la eliminación o modificación de organismos permanezcan un año con salario mientras esperan ser reubicados. Además, establece condiciones específicas para la no indemnización en casos de irregularidades laborales y ofrece compensaciones por despido basadas en la antigüedad del empleado.
