Este viernes, los legisladores solicitaron formalmente la suspensión de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza, en respuesta a las acusaciones de abuso sexual que lo involucran y están siendo juzgadas.
Este viernes, diputados del PRO, liderados por Silvana Giudici, solicitaron formalmente la suspensión de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza, en respuesta a las acusaciones de abuso sexual que lo involucran y están siendo juzgadas.
La acción de los legisladores se basa en una denuncia ampliada por Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien compitió anteriormente por la intendencia y ha llevado su caso al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31.
Los cargos que enfrenta Espinoza incluyen fraude a la administración pública y abuso de autoridad, todos vinculados a la investigación por supuesto abuso sexual. Los diputados del PRO han subrayado la importancia de apartarlo del cargo hasta que se esclarezca su situación legal, citando el artículo 18 de la Constitución Nacional para apoyar su petición.
En la declaración de los diputados se enfatizó la gravedad de las acusaciones y la necesidad de actuar con responsabilidad. Alegan que la presunta culpabilidad de Espinoza y las funciones que desempeña justifican una suspensión para evitar influencias indebidas desde su rol público.
El grupo que respalda este pedido incluye a figuras políticas como María Eugenia Vidal y Hernán Lombardi, además de otros legisladores que co-firman el proyecto. Argumentan que la posición de Espinoza en el Gobierno y los detalles de las acusaciones hacen insostenible su permanencia en el cargo sin una revisión exhaustiva de su caso.
El contexto del caso es aún más complejo dado que las acusaciones datan de 2021, cuando Melody Rakauskas, quien había comenzado a trabajar en la secretaría privada de Espinoza, denunció haber sido abusada por él.
La situación se complicó aún más cuando surgió información de que Espinoza habría intentado coaccionar a Rakauskas para retirar la denuncia a cambio de beneficios económicos, lo cual quedó registrado en audios y mensajes. Ahora, la Justicia tiene la palabra, con una fecha establecida para revisar el caso el próximo 19 de junio.
