Mientras el Congreso busca liberar el mercado de tierras, relevamientos oficiales advierten que la provincia es la quinta provincia con mayor territorio en manos foráneas.- eldiariodecatamarca.com
Los departamentos Tinogasta y Paclín ya exceden los máximos legales permitidos.
El próximo jueves el Senado de la Nación busca debatir la ley que busca eliminar los límites vigentes desde 2011 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, modificaría la Ley de Tierras RuralesN.° 26.737 y otras cuatro normas vinculadas a expropiaciones, procesos judiciales por ocupaciones, desalojos y manejo del fuego.El proyecto, conocido como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", forma parte de un paquete más amplio de reformas que el oficialismo impulsa en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, en Catamarca el panorama muestra otra realidad, según datos de la última actualización disponible del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) la provincia se ubica con mayor proporción de tierras en manos foráneas, con dos departamentos que ya superan el tope legal.
Según la última actualización disponible de ese registro, correspondiente a agosto de 2025, el 8,22% del territorio rural catamarqueño pertenece a personas físicas o jurídicas extranjeras. Ese porcentaje coloca a la provincia detrás de Salta, Misiones y San Juan, y apenas por delante de Mendoza y Santa Cruz, en un ordenamiento que agrupa a las cinco jurisdicciones con mayor extranjerización de tierras rurales del país.
La cifra provincial, no obstante, esconde una profunda asimetría entre los dieciséis departamentos que la integran. Dos de ellos, Tinogasta y Paclín, superan ampliamente el límite del 15% que la ley nacional fija para cada jurisdicción departamental. Además, ambos distritos concentran recursos naturales considerados estratégicos: agua, minerales, glaciares y periglaciares.
La propuesta del oficialismo
El oficialismo busca aprobar en el Senado la derogación del tope del 15% de tierras rurales por país, provincia y departamento que hoy pueden poseer los extranjeros, además del límite adicional que impide a una misma persona o empresa extranjera adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente según la productividad de cada región.
Ese esquema de topes es, según el texto original de la ley vigente, el mecanismo central que hasta ahora contuvo el crecimiento de la extranjerización en las jurisdicciones que se acercan al límite legal.
El proyecto también desactiva la obligación de registrar las ventas de tierras a extranjeros y suprime al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo de control creado junto con la ley vigente para monitorear el cumplimiento de los topes en todo el país.
Al delegar esta prerrogativa, el proyecto traslada a cada provincia la autoridad de aplicación de la norma, con la facultad de definir la cantidad de tierras y la localización de las que los extranjeros pueden comprar en su territorio.
La reforma propuesta por el oficialismo no se limita a las tierras rurales, sino que avanza sobre otras normativas clave vinculadas a la propiedad privada:
Límites a las expropiaciones: Modifica la Ley Nacional N° 21.499 para redefinir y acotar los criterios por los cuales el Estado puede declarar un bien de 'utilidad pública' para adquirirlo mediante indemnización previa.
Desalojos exprés: Introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para que los propietarios recuperen la posesión de sus bienes con mayor celeridad ante ocupaciones ilegales.
Manejo del fuego: Deroga los artículos incorporados en 2020 que prohibían cambiar el uso de suelos incendiados (bosques nativos, humedales o áreas agrícolas) por plazos de 30 a 60 años. En la práctica, elimina el mecanismo diseñado para desincentivar las quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
Territorio catamarqueño en manos extrajeras
Detrás de los casos de Tinogasta y Paclín, que superan el tope del 15% de extranjerización fijado por la ley, un tercer grupo integrado por La Paz y Santa María se ubica en una franja intermedia: por debajo del límite legal, pero muy por encima del promedio provincial y nacional. Los doce departamentos restantes de la provincia presentan niveles bajos o nulos de extranjerización, un panorama que muestra una concentración del fenómeno en el oeste y el sur del territorio catamarqueño.
Tinogasta encabeza el ranking provincial con el 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, más de diez puntos por encima del segundo departamento en la lista.
El departamento integra además los informes nacionales sobre superposición territorial entre extranjerización, glaciares y proyectos mineros: el Registro Nacional de Glaciares y el sistema de proyectos mineros lo identifican como una de las zonas cordilleranas donde la propiedad foránea coincide con áreas glaciares y periglaciares, una combinación vinculada a las reservas de agua dulce y a los yacimientos de litio de la región.
Paclín, con el 20,66%, tiene una escala territorial mucho menor: apenas 98.373 hectáreas rurales, frente a los casi 2,3 millones de Tinogasta. Esa diferencia de tamaño explica una concentración proporcional incluso mayor que la del departamento cordillerano, ya que en departamentos pequeños ese porcentaje suele equivaler al control de una porción decisiva de la tierra productiva disponible para la producción local.
Alerta por la soberanía nacional
En medio de la creciente tensión política, el presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, lanzó duras críticas contra la iniciativa y realizó un llamado urgente a los representantes de la provincia en el Congreso.
Para Ledesma, se trata de un "atentado contra la soberanía nacional" que facilitaría la concentración y extranjerización de vastas extensiones del territorio argentino.
El diputado provincial fue contundente al referirse a la iniciativa: "Este proyecto no es otra cosa que un cheque en blanco al capital extranjero para que se apodere de nuestros recursos estratégicos", afirmó.
El legislador argumentó que la norma "está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino", y advirtió que "sin tope y sin trazabilidad real del comprador final, la extranjerización deja de ser un fenómeno acotado para convertirse en un proceso sin freno institucional".
"Milei habla de libertad, pero lo que está haciendo es legalizar el saqueo de nuestros recursos. No se trata de atraer inversiones, se trata de entregar el territorio nacional al mejor postor", enfatizó.
Además, realizó un pedido explícito a los tres senadores nacionales que representan a Catamarca en el Congreso "pido a los tres senadores nacionales sin distinción de banderías políticas o ideológicas que rechacen este proyecto en defensa de los intereses de nuestra provincia y del pueblo catamarqueño", subrayó el legislador.
