En medio de las denuncias por una red de corrupción en la entrega de estos subsidios, cuántos beneficiarios se han registrado entre 2003 a 2023 provincia por provincia.
Se sigue investigando el esquema de corrupción que habría sido ejecutado durante las gestiones kirchneristas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se basó en la creación de pensiones por invalidez laboral falsas, cuyos fondos habrían sido desviados. Si bien esto es algo que se desarrolló en todo el país, las irregularidades se habrían dado mayormente en las provincias del norte.
Las investigaciones por estas maniobras corruptas, aunque hayan sido denunciadas públicamente por el Gobierno de Javier Milei, no son nuevas. En varias provincias, como Chaco, hace al menos un año que se vienen gestando distintas causas por subsidios de discapacidad fraudulentos, que se certifican a cambio de favores políticos (votar por cierto candidato, por ejemplo).
Aparentemente, cientos de beneficiarios que cobraban dichas pensiones no sólo no tenían ningún tipo de invalidez o discapacidad, sino que algunos se encontraban económicamente activos e incluso contaban con un gran patrimonio: poseían aviones, embarcaciones, más de un auto y múltiples inmuebles.
Teniendo en cuenta que le Censo del 2022 demostró que habían 46.044.703 argentinos, y según los datos otorgados por la Agencia Nacional de Discapacidad se registraron 1.140.735 de pensiones por invalidez laboral, quiere decir que hasta ese año alrededor del 2,4% de la población era amparada por este subsidio.
Corrupción en discapacidad: los datos en cada provincia
Chaco fue la provincia que, en proporción a su población, cuenta hoy con la mayor cantidad de pensionados del país. En 2003 habían 4.637 personas recibiendo esta pensión. Al 2023 esta cifra alcanzó los 99.088 beneficiarios, un aumento del 2037%. Y hoy la jurisdicción tiene 99.134 certificados.
Santiago del Estero se posiciona como la segunda provincia en tener más subsidiados en base a su densidad poblacional, pero también resalta por la fuerte suba que logró. En 2003 este territorio tenía 3.845 subsidiados; a su vez, la cifra en 2023 evidencia unos 83.823. El incremento fue de un 2080%.
Formosa es la tercera en este listado: en 2003, ya habiendo asumido Gildo Insfran, se contabilizaron 2.415. Al 2023, bajo la tutela del mismo gobernador, se disparó a 40.990, es decir, una suba del aproximadamente 1597% en 20 años.
Misiones pasó de 4.882 pensionados a 81.868, un 1577%. Corrientes de 2.138 a 72.382, que se traduce en una suba del 3285%. En La Rioja, por su parte, pasaron de 1.879 a 16.907 subsidios de este tipo, un 799% más. Y Catamarca pasó de tener 1.415 beneficiarios a 17.554, una suba del 1140%.
Del otro lado, las provincias que menos pensionados tienen son Santa Fe (pasó de 2.612 a 48.965), Santa Cruz (de 356 pensiones en 2003 a 4.597 en 2023), Ciudad de Buenos Aires también (pasó de 6.667 a 26.397), y, finalmente, Tierra del Fuego (de 108 a 1.282).
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007 el aumento total a nivel país fue del 183%. El primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner acumuló una suba del 143% de los beneficiarios, mientras que en su segunda presidencia subió un 47,93%. En los años de Mauricio Macri hubo una leve caída del -1,9%. Y Alberto Fernández acumuló una suba del 18,46% de los pensionados.
El esquema de corrupción en Chaco
La lupa, sin dudas, está puesta en la provincia chaqueña, pero mayormente en el municipio de Taco Pozo. Dentro de esta localidad, ubicada en el departamento de Almirante Brown, lograron determinar que de 800 casos dudosos, unos 740 eran beneficiarios falsos. Y teniendo en cuenta hay alrededor de 10.222 habitantes, se estima que el 10% de su población percibe este subsidio.
La investigación comenzó en febrero de 2023 tras una denuncia de la exdiputada de la UCR Ana María Canata; el fiscal que lleva adelante la causa es Carlos Amad. Bajo los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública", "falsedad ideológica en instrumento público" y "asociación ilícita", hay 10 imputados dentro de la causa gestada en la localidad de Taco Pozo, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez.
La maniobra delictiva habría consistido en pedirle una suma ínfima de dinero a ciertas personas para acceder a los beneficios de una pensión no contributiva, en este caso por invalidez laboral. Los sujetos en cuestión se encontraban en una lista que se manejaba en la municipalidad, a donde debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión del intendente, quien está en el poder hace más de 20 años.
También se investiga a varios médicos, directores y gestores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, quienes cobraban alrededor de $30.000 por emitir certificados con datos falsos y expediente que, luego, fueron aprobados por el Andis. Asimismo, otra imputada es la hija del intendente, Gabriela Estefanía Ibañez Gilabert, jefa del ANSES de Taco Pozo.
