Organizaciones LGTBQI+ denuncian que el triple crimen se enmarca en un "aumento de la violencia" contra ese colectivo, el cual es "avalado por funcionarios del Gobierno nacional". Sociólogos advierten que "el odio puede convertirse en una política de Estado"
En la madrugada del lunes 6 de mayo, Justo Fernando Barrientos arrojó una bomba molotov dentro de la habitación que compartían dos parejas de lesbianas: Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos. Las tres primeras murieron; la cuarta se encuentra internada con graves quemaduras. El agresor se autolesionó antes de ser detenido.
Vecinos del hotel familiar donde vivían las víctimas, ubicado en el barrio porteño de Barracas, revelaron que el hombre ya había atacado en varias oportunidades al grupo de mujeres, a las que llamaba "engendros" por su orientación sexual. El ataque fue catalogado como un crimen de odio por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires y por la Federación Argentina LGBT+.
Más de 500 personas marcharon el lunes pasado para reclamar justicia y denunciar que se trató de un triple lesbicidio. "No fue un hecho cualquiera. Fue un acto de odio hacia las lesbianas. El crimen ocurrió en un contexto de extrema precariedad de la vida, donde las cuatro vivían hacinadas en una habitación, y donde diariamente las identidades LGTBQI+ somos foco del aumento de la violencia", expresó el colectivo Autoconvocades Lesbianes por Barracas.
"No tenemos un relevamiento de los discursos de odio todavía, pero es evidente que han aumentado. Se escuchan en los medios, de parte de funcionarios públicos, discursos absolutamente discriminatorios y violentos hacia la diversidad", señaló a C5N.com la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid.
"Esos discursos vienen en muchos casos desde funcionarios del gobierno de Javier Milei, del propio Presidente o de integrantes y allegados a La Libertad Avanza. Eso promueve y legitima otros discursos de odio y hechos de violencia y discriminación", agregó. Este miércoles, integrantes de la Federación Argentina LGBT+ y otras organizaciones se reunieron con diputados nacionales para reclamar políticas públicas para ese colectivo. Todos coincidieron en "la gravedad de la proliferación de los discursos de odio, avalados por funcionarios del Gobierno nacional".
"Las políticas para contrarrestar esos discursos, prevenir la violencia y la discriminación, así como los organismos que las llevaban adelante, están siendo desmantelados por el gobierno de Milei. El INADI, las agencias y medios públicos que difunden otras voces que deconstruyen prejuicios y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades están siendo destruidos por el actual Gobierno nacional. No hay política y no hay presupuesto", denunció Rachid.
Según el último informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+, durante 2023 se registraron en Argentina 133 crímenes de odio donde se usaron como pretexto la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas. Un 68% de esos casos fueron asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios.
El Gobierno nacional no reconoció al triple lesbicidio de Barracas como un crimen de odio. El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió el hecho cuando fue consultado durante su conferencia de prensa; sin embargo, se negó a "definirlo como un atentado a determinado colectivo". "Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo y hay muchas mujeres y hombres que la sufren", argumentó.
La discriminación y los discursos detrás de los crímenes de odio
Desde Amnistía Internacional Argentina señalaron que "hay una relación muy estrecha, un hilo que se entreteje entre el incremento y proliferación de discursos de odio y discriminación hacia las personas LGBTI+ y la violencia física que excede el marco de lo discursivo" ya que "los discursos de odio generan un caldo de cultivo que habilita las agresiones". También reclamaron una "investigación exhaustiva y con perspectiva de género" en el caso del triple lesbicidio de Barracas.
"Organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertan que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI+ con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación", explicó a este medio la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
En esa línea, recordó que "el crimen de odio en Barracas sucedió días después de declaraciones públicas muy preocupantes" por parte del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, "en donde se vuelve a patologizar la diversidad sexual, a deshumanizar a las personas LGBTI+ por su orientación sexual o su identidad o expresión de género y que desconocen todas las conquistas en materia de derechos de los últimos años".
Belski remarcó que "nos enfrentamos a una escalada de discursos de odio. Aunque no es un fenómeno nuevo, se está produciendo una intensificación y sofisticación de grupos que reaccionan de forma crítica y violenta ante la expansión de los derechos de las mujeres y de la diversidad. En la actualidad, estas narrativas encuentran apoyo y habilitación en el Gobierno electo".
"Desde que asumió el actual Gobierno nacional advertimos, sobre todo en redes sociales, discursos de odio, intolerancia y discriminación que funcionan como un vehículo para instalar una idea de confrontación y deshumanización del otro. Además, cuando la violencia proviene de las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los efectos peligrosos y dañinos de los discursos de odio", advirtió.
Sociólogos advierten que "el odio puede convertirse en política de Estado"
El Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) lleva años estudiando los discursos de odio y su impacto en la sociedad. Los definen como "cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social".
"Este tipo de discursos tienen dos efectos. Primero, está claro que hay un daño psicológico y una violencia destinada a la persona o las personas asediadas. Este es el efecto directo, podríamos decir. Pero lo que generalmente no aparece tan claro es el segundo efecto que tienen estos discursos: construyen un clima cultural de intolerancia y agresión hacia las personas o grupos en función de esas marcas de identidad", explicó a este medio el sociólogo Pablo Villarreal, investigador del LEDA.
"Este segundo efecto tiene, otra vez, dos derivaciones posibles: primero, por el asedio y la violencia simbólica, los grupos que reciben discursos de odio pueden terminar silenciados o retirándose del debate público. Segundo, se legitima desde el discurso la violencia social contra un grupo de personas, lo que puede derivar en conductas agresivas e incluso homicidios, femicidios o, como en este caso, un lesbicidio", destacó.
Agregó que los efectos de los discursos de odio se agravan cuando la persona que los emite ocupa un lugar de legitimidad social. "Puede ser un streamer con millones de seguidores, el líder de una religión, un futbolista o un conductor de TV famosos. Y en el peor de los casos, un presidente de un país, ya que ocupa un cargo institucional. En estos casos, nosotros decimos que el odio, a través de los discursos, puede convertirse en una política de Estado", afirmó.
Desde el LEDA advierten sobre un "aumento" de los discursos de odio en los últimos meses y señalan que, más allá de que el fenómeno se profundizó con la llegada de las redes sociales, ahora se ve potenciado por el contexto social. "Una crisis económica como la que estamos atravesando es un momento propicio para encontrar chivos expiatorios y objetos de odio. Ni hablar cuando desde las esferas más altas del Gobierno se entiende a los derechos y a la igualdad ganada por el movimiento LGBT como un 'privilegio que pagamos todos con los impuestos'. En este juego retórico, las minorías identitarias y sexuales terminan siendo parte de la casta", señaló Villarreal.
Este dato, destacó, no es menor. "En nuestro registro de redes sociales, el grupo de personas más odiadas son los políticos, seguidos por las mujeres (imagínense ser una mujer política). Aunque las minorías sexuales no aparecen como un sector tan odiado en sí, lo que se opera es un argumento económico no solo para ir contra esos derechos, sino para odiarlos. Son discursos que se sostienen en el tiempo y que hoy están desinhibidos y se expresan con mayor frecuencia", explicó.
El sociólogo e investigador sostuvo que "la ideología libertaria borra las desigualdades, las discriminaciones y la exclusión en sus modos concretos para justificar en lo abstracto una igualdad inexistente, que es fundamento de la distribución de los recursos en el mercado. Es por eso que Adorni dice lo que dice en conferencia de prensa, tratando de indiferenciar los modos de la violencia", remarcó.
¿Se pueden combatir los discursos de odio?
Villarreal destacó que otros países actualmente cuentan con legislación para regular los discursos de odio: la más avanzada es la de Alemania, pero también hay experiencias en la Unión Europea, Francia, España y Canadá. La ley alemana obliga a las plataformas de redes sociales a hacer un rastreo constante de estos discursos y a eliminar o bloquear el acceso a todo contenido violento e ilegal en un plazo menor a 24 horas. Además, los contenidos deben ser almacenados por 10 días para su revisión por autoridades competentes.
"Obviamente, los que se oponen a este tipo de regulaciones sostienen que limitan el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, esos mismos discursos son los que limitan la libertad de expresión en tanto y en cuanto excluyen del debate público a los sectores sociales asediados y violentados. Visto así, una ley de regulación de contenido amplía la participación democrática antes que restringirla. En Argentina este debate parece estar lejos de darse y hoy estamos en una especie de far west digital: un territorio sin controles y sin regulación", concluyó.
