Por el momento, son un grupo de siete personas involucradas, entre los que se encuentran miembros de la policía, justicia, abogados y otros particulares. A través de un organizado y estructurado sistema de saneaban títulos de propiedad para disponer de ellos de manera fraudulenta y luego quedarse con los mismos. –eldiariodecatamarca.com
La investigación encabezada por el fiscal Hugo Costilla, permitió detectar una red de estafas que involucraba a empleados de distintos organismos gubernamentales, miembros de la policía y la justicia, así como abogados y particulares.
En la mañana de este sábado, con autorización del juez Marcelo Sago, se realizaron 14 allanamientos simultáneos en viviendas de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Como resultado fueron arrestadas siete personas, entre ellos seis hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la justicia. Además, en los procedimientos se secuestraron elementos informáticos, celulares, netbooks y documentación relevante para la causa.
La investigación se originó meses atrás a partir de denuncias por usurpación de propiedades, donde se efectuaba un patrón común que vinculaba a los mismos implicados, lo que llamó la atención de la justicia. Esto llevo al fiscal Hugo Costilla a unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio, descubriendo una estructura delictiva organizada que operaba mediante una red de contactos dentro de organismos públicos y privados.
La banda obtenía información sobre propiedades a través de contactos en Catastro y el Registro de la Propiedad. Luego lo que hacían era sanear títulos de manera fraudulenta para poder disponer de los inmuebles. Un elemento clave, en su accionar es que las víctimas nunca eran notificadas de los procesos judiciales en su contra, ya que contaban con empleados dentro del juzgado Comercial y de Ejecución, quienes le facilitaban información privilegiada y manipulaban la designación de martilleros para asegurar que los rematas de bienes se realizarán según sus intereses.
La organización también, tenía influencia en la Oficina de Notificación, lo que les permitía evitar que las citaciones llegaran a destino. Como resultado, las víctimas solo se enteraban de los juicios ejecutivos en su contra cuando sufrían el secuestro de sus vehículos o el descuento de haberes, sin haber sido informados previamente.
El entramado delictivo incluía además a miembros de la policía, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y accionantes en las causas, sino que también cumplían un rol operativo; seguían a los deudores, tomaban fotografías de sus bienes y alertaban a los martilleros un vez firmados los embargos. Otro punto en la investigación, reveló que la banda tenía acceso a información bancaria de las víctimas a través de empelados de entidades financieras, lo que les permitía conocer detalles sobre sus cuentas y movimientos de dinero.
En algunos casos, incluso recurrieron a la falsificación de firmas para concretar sus maniobras fraudulentas.
