Es que tras el proyecto presentado por el diputado del FAC, hubo un revuelo en Cámara baja al impulsar la conformación de una comisión especial que realice un seguimiento a la causa que actualmente tiene cinco personas detenidas. –eldiariodecatamarca.com
La propuesta de Ávila propone la creación de una comisión encargada de supervisar el proceso judicial de la causa de “estafadores estatales” que lleva adelante el fiscal Hugo Costilla, también destaca que la comisión estará abierta a la recepción de denuncias de posibles fraudes, usurpaciones y despojos de tierras en la provincia, sobre todo en el interior, donde según su criterio, hay indicios de complicidad en este tipo de estafas, que involucra a jueces, fiscales, organismos provinciales y los mismos intendentes.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es cuando menciona a la jueza Comercial y de Ejecución N°2, María Virginia Cano, la cual estaría involucrada en algunos casos de los que participó Del campo, el “cabecilla de la banda de estafadores” y su pareja la abogada Grisel Gordillo. Además, remarcó que la jueza ha sido objeto de cuestionamientos al exponer que había permitido la incorporación de más de 2.000 pagarés, sin realizarles las pericias pertinentes, mientras se investigaba la quiebra en el caso Bacchiani.
En esa misma línea, el legislador también menciona las irregularidades en el interior provincial, sobre todo al exponer el caso del Dr. Juan Manuel Baracat, que denunció a la justicia al obligarlo a desalojar su campo a través de un proceso judicial fraudulento y nulo, argumentando que nunca recibió la notificación correspondiente. Así mismo, mencionó otro caso, el de Pozo de Piedra, donde el intendente José Figueroa habría ocupado de manera ilegal tierras de un campo comunero.
A pesar de la exposición de los casos antes mencionados, entre otros que forman parte del contexto argumentativo para impulsar el proyecto del diputado Ávila, el resto de los legisladores sobre todo oficialista ha optado por mantener cautela con respecto al proyecto. Por su parte, los representantes del boque de la UCR y LLA decidieron mantener las opiniones dentro del recinto y no expresarse públicamente. Este tema ha marcado un contexto de tensión en la Cámara Baja, la cual deberá abrir el debate y manifestar sus posiciones ante los casos de corrupción que desequilibra la credibilidad en las áreas estatales de la provincia.
