En concordancia a la presentación ante la Corte del diputado Ávila, de frenar la designación del Defensor del Pueblo, el bloque radical también expidió un recurso de amparo para frenar el nombramiento, cuestionando la legalidad del mismo. –eldiariodecatamarca.com
La designación del exministro de Educación Dalmacio Mera como titular de la Defensoría del Pueblo quedó en suspenso y será la Corte de Justicia de Catamarca la que deberá resolver su validez. La medida fue cuestionada tanto por el diputado Hugo Ávila del Frente Amplio Catamarqueño y el bloque de diputados provinciales de la UCR.
En este sentido, según denuncian los legisladores opositores, esos decretos modificaron de manera ilegal la Ley N° 5337, que regula el funcionamiento y la designación del Defensor del Pueblo, permitiendo que el gobernador Raúl Jalil nombre a Mera “En comisión y por decreto”, sin el acuerdo del Senado.
Los recursos presentados ante la Corte apuntan a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los decretos y sostienen que la decisión del Ejecutivo viola la división de poderes y la independencia del órgano de control, “No vamos a permitir que destruyan la institucionalidad y conviertan al Defensor del Pueblo en un apéndice del Ejecutivo”, advirtieron desde la UCR. Los legisladores también remarcaron que la designación de Mera se produjo fuera del receso legislativo y sin el aval del Senado, como exige la Constitución provincial, “El gobernador no puede modificar leyes estructurales por decreto ni designar autoridades de control sin participación del Poder Legislativo”, sostuvieron.
Ambos recursos tanto de Ávila como el de la UCR, fueron presentados ante la Corte de Justicia, que ahora deberá analizar si admite las medidas cautelares solicitadas y si hace lugar al pedido de nulidad de los decretos. En tanto, el oficialismo no emitió declaraciones públicas sobre los planteos judiciales.
Desde la oposición, acusan al gobernador Jalil de “autoritarismo encubierto” y de “querer manejar todos los resortes del poder sin control ni límites”, además afirmaron que “Lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino la autonomía real de la Defensoría del Pueblo y el equilibrio de poderes en Catamarca”.
