Con diferentes excusas que se escudan en la historia argentina, la gestión de Javier Milei procedió según ya había anticipado. El comunicado.
Finalmente, el Gobierno decidió nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para que se conviertan en Jueces de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto. Ante la falta de acuerdo en el Senado, y en vísperas al comienzo de un nuevo período de sesiones ordinarias, Javier Milei decidió avanzar con un controvertido mecanismo, cuestionado por sectores de la oposición.
Según informó el Poder Ejecutivo, el objetivo de las designaciones es "normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros". "Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes
acuerdos a los pliegos", aclararon a través de un comunicado.
El procedimiento está establecido en la Constitución Nacional, solo para momentos en los que el Congreso está en receso. Por eso, Milei contaba solo con esta semana, cuando ya no están vigentes las sesiones extraordinarias, para avanzar.
Sectores de la oposición ya manifestaron su rechazo a esta maniobra, por lo que habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones en el Senado. Hasta el 30 de noviembre de 2025, Lijo y García Mansilla serían, de esta forma, jueces de la Corte Suprema a la espera que la Cámara alta le preste consentimiento.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
Si la oposición logra rechazar el nombramiento, automáticamente deberán dejar el cargo para el que fueron nominados.
Esta situación pone en una situación incómoda a Ariel Lijo, quien tiene previsto pedir licencia para su cargo de juez de primera instancia, por tratarse de un ascenso a un cargo superior. Sin embargo, diferentes juristas dudan de si la Corte Suprema le concederá la licencia, por tratarse de un caso distinto a cualquier ascenso ser ministro del máximo tribunal.
Si le rechazan la licencia deberá decidir si acepta jurar en comisión renunciando a su cargo, con el riesgo de después no poder volver a ser juez, o si espera al tratamiento de su pliego en el período de sesiones ordinarias.
El Gobierno anunció la firma del decreto a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el cual no faltaron las críticas a la dirigencia política. "En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas", asegura. Y continúa: "La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un
análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".
El texto finaliza con otra advertencia para la dirigencia política: "El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia".
