La ministra de Seguridad sabía que no podían ser tan "amigables" como lo fueron en el gobierno de Mauricio Macri cuando le llovieron toneladas de piedras.
Patricia Bullrich ya lo había avisado antes y después de la manifestación de este miércoles en la Plaza de los Dos Congresos. Los que realizaran actos de violencia o provocaran disturbios no sólo iban a ser detenidos, sino que también iban a ser imputados con todo el peso de la ley.
Con el Código Procesal Penal delante suyo, el fiscal Carlos Stornelli, quien fue ministro de Seguridad de Daniel Scioli cuando el ex motonauta era gobernador del peronismo kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires, pidió la detención a casi treinta personas, acusándolos de lesiones, delitos contra la seguridad pública, incendios intencionados, incitación a la violencia colectiva y ataques contra el orden constitucional, atentado y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.
En la misma causa hay tres alumnos de la Universidad de General San Martín, Sasha Iyardet y Camila Juaréz y Nicolás Mayorga que aún se encuentran detenidos y que provocó la reacción de la comunidad educativa y política de la localidad.
Según relatan sus compañeros de estudios, fueron apresados en la esquina de Lima y Chile, a más de un kilómetro del Congreso de la Nación, a las 18 horas, momento en el que se iniciaron los momentos más calientes, donde quemaron varios vehículos, uno de ellos de Cadena 3 de Córdoba.
“A los 3 los detuvieron ayer a las 6 de la tarde en Chile y Lima cuando ya estaba desconcentrando. Las compañeras se estaban yendo tranquilas y empezaron a tirar balas de goma y gases por todos lados. Una compañera se cayó, Sasha quiso ayudarla a levantarse y ahí las detuvieron”, comentó una compañera de los detenidos que estuvieron hasta las seis de la mañana de este jueves retenidos en un camión celular.
“Lejos de amedrentarnos, seguiremos levantando la voz”, dijo por la red social X el intendente de General San Martín, Fernando Moreira, uno de los que acompañaron la postura del gobernador Axel Kicillof para oponerse a la Ley Bases. Su aliado político, el ministro Gabriel Katopodis, también se manifestó en contra de la “represión a los argentinos y argentinas que fueron a defender su país. Adentro, los senadores y senadoras están tratando una ley que no tiene un solo artículo que beneficie a la gente”.
Todo el peronismo y las fuerzas de izquierda que se manifestaron ayer en la Plaza de Los Dos Congresos mantuvieron el mismo discurso en contra de la represión policial. Sin embargo, todos los partidos políticos y la CGT se retiraron antes que llegaran los incidentes más fuertes. “Nosotros habíamos empezado a desconcentrar antes que se desmadre todo. Nuestro partido no tiene ningún detenido a pesar de la cacería posterior”, le dijo a MDZ Néstor Pitrola, del Partido Obrero.
Esa movilización se convirtió en una oleada de violencia jamás vista, con episodios absolutamente sospechosos por lo puntual del ataque, como lo fue la quema del vehículo de Cadena 3 con el periodista Orlando Morales salvándose de milagro. Su relato desesperado y realista marcó la agenda del día ante una ley que no tenía ninguna relevancia para la gente, que no sabía en qué consistía ni tampoco se enteró luego de su sanción.
Los incendios de autos, más dramáticos aún que las toneladas de piedras que se arrojaron hace seis años cuando se trató la reforma jubilatoria en la presidencia de Mauricio Macri, parecen no haber sorprendido a un gobierno que ya se venía preparando para lo peor. “Hicieron todo lo mismo que en 2018, violencia en la calle y mociones de privilegios en el recinto. Si aprobábamos el cuarto intermedio no sesionábamos más” dijo un estrecho colaborador de la vicepresidenta Victoria Villarruel que también estuvo en la Cámara de Diputados en aquella oportunidad.
Patricia Bullrich desde el inicio anticipó que aquella experiencia, que representó el principio del fin del gobierno de Cambiemos, se podía repetir y aseguró que iban a reprimir cualquier protesta violenta, sino que, además, les iba a cargar con todo el peso de la ley a los violentos para que quede claro cuál es el norte de su gobierno.
Por eso no extraña que Stornelli haya imputado con los artículos 89, 183, 184, 186, 189, 209, 211, 212, 213, 226. 237, 238, 239 y 241 y haya pedido la prisión preventiva de todos los detenidos en la tarde noche de ayer.
La Ley Bases y el Pacto Fiscal aprobado, la inflación unas décimas arriba del 4% y el control de la calle, tres buenas noticias para un electorado libertario que venía pidiendo resultados y que empezaba a alertarse porque lo bueno no llegaba. Para que esto fuera posible, el peronismo kirchnerista es un sujeto político indispensable. Su pasado reciente aún asusta y su presente le dio el insumo imprescindible al gobierno para mantener su discurso que no le van a doblar el brazo en cada uno de sus propósitos.
