Los gobernadores de la Mesa del Cobre hicieron un fuerte reclamo a las empresas para que ejecuten las inversiones para explotar los proyectos de cobre. Qué dicen las compañías.
Sin romper el "clima de camaradería" que suele haber, los gobernadores de las provincias mineras rompieron el molde y le exigen a las empresas que ejecuten las inversiones previstas para explotar los yacimientos de cobre. Así quedó plasmado en el documento fundacional de la Mesa del Cobre, el grupo que formaron los mandatarios para sumar fuerza política ante la Nación y las propias empresas. "Estamos convencidos de que el momento para que se concreten estas inversiones reales en cada una de nuestras provincias, es ahora. Manifestamos fervientemente la defensa y soberanía de nuestros recursos naturales, y desterramos las ideas de solo reflejar en títulos y acciones públicas inversiones y valores que no llegan en beneficios a nuestro pueblo", dijeron de manera tajante los gobernadores.
El tono del mensaje sorprendió porque es la primera vez que públicamente hay un mensaje imperativo hacia las compañías. En Argentina no se explota ninguna mina de cobre, pero hay un pool de proyectos de gran magnitud que requieren una alta inversión. Josemaría, Pachón y Los Azules en San Juan; Taca Taca en Salta y MARA en Catamarca están próximos a la etapa de construcción y se suman otros proyectos de exploración. La inversión global de todos ronda los 20 mil millones de dólares. Las empresas presionan por su parte para obtener garantías legales, financieras y económicas y, así, buscar inversores para financiar la construcción de los proyectos.
Los gobernadores, ahora nucleados en la Mesa del Cobre, ajustan las tuercas. "No podemos seguir esperando que proyectos, algunos con mas de 50 años, queden bajo tierra. Nuestras provincias necesitan avanzar en la construcción de estos proyectos de manera inmediata porque eso significa empleo, desarrollo, divisas y crecimiento. El momento es ahora, esperamos el compromiso y el esfuerzo de quienes hoy son los titulares de proyectos con mayor grado de avance hacia su construcción", enfatizaron. La adhesión a esa postura tiene la firma de los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir y de Salta, Gustavo Saenz. El cordobés Martín Llaryora fue uno de los garantes políticos de ese acuerdo. Tras el acto formal, hubo una cena reservada donde profundizaron además otros temas políticos.
La respuesta
Los CEOs de las empresas estaban en el auditorio. Antes y después remarcaron su postura, también uniforme entre las compañías, para que haya garantías. Toman como plataforma los antecedentes recientes: la falta de cumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras, los problemas para disponer de las divisas, restricciones para el retiro de dividendos y, sobre todo, incertidumbre. El "anillo al dedo" que tienen es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones Mineras (RIGI) que está incluido en la Ley Bases. Los gigantes Lundin, Quantum, Glencore y McEwen son los apuntados por los gobernadores y que tienen los proyectos. La visión compartida es que necesitan capitales externos para financiar la inversión y que por ahora las condiciones del país no lo permiten. "No alcanza con los recursos internos disponibles. Por eso se necesitan mejores condiciones para incorporar inversores", explicaron nuevamente ayer los CEOs de las empresas.
Los gobernadores apoyan el RIGI y volvieron a pedir su aprobación. No sin antes recordarle a las empresas ese gesto. "Es muy generoso", dijo irónicamente el gobernador de Salta.
La otra puja con los gobernadores tiene que ver con las inversiones en infraestructura para la construcción y operación de las minas. La mayoría de los proyectos están en zonas inhóspitas y requieren caminos y granes volúmenes de energía para operar. Las empresas buscan que haya inversión compartida: que ellas se hagan cargo de las obras, pero con aporte estatal como adelanto de regalías. La minería del cobre requiere una inversión iniciar enorme, a diferencia de lo que ocurre con otros minerales, como el litio. Y también son de largo plazo. Pachón, por ejemplo, lleva más de 50 años de trabajos y promesas, sin que se haya concretado.
En el acto de la Mesa del Cobre no quedó blanqueado, pero también hay presión nacional hacia los estados provinciales. El secretario de Minería, Luis Lucero, había dicho en la cumbre de Córdoba que habría algún tipo de sanción o presión para las provincias que prohíben o restringen el aprovechamiento de los recursos naturales. O al menos buscarían visibilizar los perjuicios que ello genera. Ayer, en la presentación de la Mesa, fue políticamente correcto y evitó confrontar.
Los gobernadores insisten. "Los gobiernos provinciales venimos haciendo los esfuerzos políticos necesarios con marcos regulatorios y fiscales para garantizar el desarrollo de la actividad. Con los proyectos de cobre en estadios avanzados radicados en nuestro país, nos impela a coordinar estrategias para su pronta construcción.
