Mientras la Justicia investiga a movimientos sociales por coerción, durante el último paro general el Ministerio de Seguridad recibió denuncias contra gremios que obligaban a adherir a la medida.
Los empleados de la empresa marplatense Rodríguez Hermanos Transporte quisieron trabajar el último miércoles cuando la CGT encabezó el segundo paro general contra el Gobierno de Javier Milei. No lo hicieron. Aunque aquella mañana fueron al negocio desde donde operan, un par de representantes del sindicato de Camioneros llegó a eso de las 8.30 y les dijo que tenían que cerrar e irse a sus casas. Hasta que lo hicieron se quedaron en la vereda controlando. Todo quedó registrado en una denuncia telefónica a la línea 134 del Ministerio de Seguridad.
Esa no fue la única. El dueño de una estación de servicio Shell, ubicada en el barrio porteño de Paternal, apuntó algo similar. Con la voz temblorosa y sin querer individualizar su comercio dijo: "Es para denunciar la extorsión de sindicatos (...) De sindicato de estaciones de servicio. Nos visitaron en moto diciendo que si no cerrábamos íbamos a tener problemas con la seguridad de los empleados y del negocio, que iban a romper todo. Vinieron personas en moto, hablaron con el encargado (...) dijeron que iban a pasar cada 30 minutos a controlar que la estación estuviera cerrada".
Algo similar acusó una mujer de la localidad bonaerense de Chivilcoy. Según su relato, desde esa ciudad saldrían colectivos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reforzar la medida de fuerza de la CGT y quienes perciben planes debían dar el presente para que no se les interrumpiera el beneficio.
"Te hablo de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Llamo porque hoy vi la conferencia de prensa del vocero de Gobierno y dio este número. El tema es así, yo no cobro ningún plan pero sí mis hijos y mis hijas. Soy mamá de 9 hijos, son todos grandes, todos con hijos, todos trabajan y tienen asignaciones y Potenciar Trabajo y el tema es que, por ejemplo, a veces yo he ido a marchar por una bolsa de mercadería nada más. Te estoy hablando de la CGT, o sea no soy de la organización. Por ejemplo ha habido reuniones en estos días de que van a salir colectivos para allá y te amenazan de sacarte el Potenciar Trabajo. Por ejemplo, yo a mis hijos les dije que no. Ellos no van a ir, pero van a salir colectivos. La gente está amenazada", afirmó.
"A mis hijos se les pide el aporte de lo que cobran. Ellos, por ejemplo, van a la mañana al cajero y a la tarde se tienen que presentar en cada lugar donde les toca trabajar, por ejemplo algunos están en huerta, otros barriendo calle. Es de 10 mil pesos el aporte que le dan a la coordinadora de la CGT. La coordinadora recibe porque hay cuadrillas. Cada coordinadora de cada cuadrilla recibe 10 mil pesos de 40 personas que tienen a cargo", agregó.
Todo esto fue revelado a la Justicia para que se investiguen posibles extorsiones a la vez que se pretende identificar a los líderes detrás de los delitos. El caso del paro nacional y los sindicatos no es aislado. Desde el año pasado, la cartera que dirige Patricia Bullrich lleva adelante una pesquisa contra referentes de movimientos sociales por chantajear a los miembros de sus organizaciones para que participen de marchas o les den parte de la mercadería o planes que reciben como "pago" por la gestión para obtener esos subsidios.
