Por medio de una resolución de la CNV, el Ejecutivo allana el camino para la transferencia de sociedades del Estado, principalmente de energía y gas.
El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatización de empresas que considera deficitarias. En ese sentido, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó este viernes la Resolución 1037/2024 por medio de la cual modifica la regulación de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para ampliar el margen de posibilidades a los interesados adquirir participación en sociedades publicas.
Si bien la medida publicada en el Boletín Oficial es general, apunta principalmente a la venta de compañías del sector energético y gas. A partir de esta nueva reglamentación será posible transmitir a un comprador privado hasta un 50% de las participaciones accionarias de las compañías de bandera sin necesidad de presentarse a una OPA.
La CNV modificó la normativa referente a las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) con el objetivo de facilitar la privatización de empresas públicas, “siempre que el adquirente privado asuma la misma posición del vendedor en un convenio de accionistas preexistente, sin alterar la participación en la sociedad controlante directa o indirecta”.
“La transferencia de participaciones accionarias por parte del Estado Nacional, de forma directa o indirecta, o a través de sociedades controladas, puede obedecer a objetivos estratégicos como a la reconfiguración de su participación en sectores clave, particularmente en los sectores de energía y gas, fundamentales para la economía nacional”, reza el texto de la resolución.
"La normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado Nacional", sostuvo Roberto Silva, presidente de la CNV. Además aclaró que desde el organismo continúan trabajando “en línea con los objetivos del Gobierno Nacional, día a día, como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión".
Por otro lado, el funcionario destacó que la implementación de esta medida tiene la finalidad de eliminar barreras regulatorias que no tienen un propósito concreto de protección de interés público y fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos del Estado.
