La jueza Loretta Preska suspendió el discovery en el juicio por la expropiación de YPF, una medida que le da aire a la Argentina frente a posibles embargos.

En un nuevo capítulo del juicio por YPF que se tramita en Nueva York, la petrolera recibió un regalo navideño anticipado de la jueza Loretta Preska, quien decidió suspender el discovery tras la apelación presentada por la empresa argentina, una medida que le otorga tiempo para frenar eventuales embargos.

El recorrido del juicio por YPF

En 2023, un fallo de primera instancia condenó a la Argentina a pagar cerca de USD 16.000 millones, más intereses, por la expropiación de YPF concretada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los principales beneficiados por esa sentencia fue Burford Capital, el fondo de litigios que adquirió los derechos para accionar judicialmente contra el Estado argentino y que hoy impulsa el cobro de la indemnización.

La resolución, sin embargo, no quedó firme. Tanto la Argentina como Burford apelaron el fallo: el Estado sostuvo que la condena fue errónea, mientras que el fondo cuestionó que YPF no haya sido incluida formalmente como responsable en la sentencia.

La instancia de apelación avanzó recién en octubre pasado, cuando se celebró la audiencia ante la Cámara. En paralelo, Burford desplegó una estrategia agresiva para garantizar el cobro, que incluyó pedidos para avanzar sobre el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF y para intentar demostrar que la petrolera y la Argentina funcionan como una misma entidad, bajo la figura legal del “alter ego”.

Cómo afecta a YPF la decisión de Loretta Preska

Ese planteo habilitó solicitudes de información y medidas de discovery orientadas a identificar activos embargables, incluso con requerimientos sobre funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional.

En ese marco, Preska aceptó un pedido de YPF para frenar el discovery vinculado al “alter ego” mientras se resuelve la apelación, una decisión que le permite a la empresa ganar tiempo y limitar el avance de eventuales embargos.

La definición de las apelaciones se espera para la primera mitad de 2026. Mientras tanto, el Gobierno ya anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles y descarta abrir una negociación con Burford Capital.