La referente de APAC Catamarca, Mercedes Balut, criticó duramente la postura del gobierno nacional ante la promulgación de la nueva Ley de Discapacidad. Aunque la norma fue aprobada, su implementación quedó condicionada a la disponibilidad de fondos, lo que generó preocupación en organizaciones y familias. –eldiariodecatamarca.com
La reciente promulgación de la Ley de Discapacidad, celebrada inicialmente como un avance, generó fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, debido a que su aplicación quedó supeditada a la disponibilidad de financiamiento. En este contexto, Mercedes Balut, referente de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Catamarca (APAC), advirtió sobre la falta de compromiso real por parte del Estado nacional y denunció el abandono que sufren miles de familias en situación de vulnerabilidad.
En diálogo con el programa La Mañana en la Isla, nos dijo “Nos tiene que preocupar a todos, no solo a quienes hoy conviven con una discapacidad. En algún momento de nuestras vidas cualquiera puede transitar una discapacidad. Es una responsabilidad colectiva, pero sobre todo de quienes fueron elegidos para gobernar”.
La dirigente cargó con firmeza contra la actitud del gobierno nacional que, tras promulgar la ley, pidió a la oposición y a los legisladores que indiquen “de dónde saldrán los fondos” para ejecutarla. En ese sentido, Balut fue contundente, “Si alguien se postula como presidente diciendo que va a resolver los problemas de la gente, y ahora que tiene que cumplir con una ley pregunta de dónde sacar el dinero, eso es un fraude”, sostuvo y agregó “No dijo a qué gente le iba a solucionar los problemas. Tal vez se refería a sus amigos o a ciertos sectores económicos. Claramente, no hablaba del ciudadano de a pie”.
También cuestionó el respaldo de algunos legisladores catamarqueños a las políticas del gobierno nacional. Si bien consideró que no hay mala intención, subrayó una falta de conocimiento real sobre la situación que viven día a día las personas con discapacidad y sus familias, “Creo que les falta transitar el territorio, escuchar a las familias, conocer a las personas y los desafíos que enfrentan. No es solo una persona con discapacidad: es toda la familia la que queda atravesada por esta situación”, expresó.
Datos preocupantes y desprotección
Durante la entrevista, Balut compartió estadísticas que dan cuenta de la gravedad de la situación. Citando un informe de la revista médica The Lancet, mencionó que el 31,7% de las personas con discapacidad ha experimentado algún tipo de violencia y que tienen el doble de probabilidades de ser víctimas de abuso físico, mental o sexual en comparación con el resto de la población, “Estamos hablando de un sector doblemente expuesto. No solo padecen la discapacidad, sino también la desprotección, la violencia y la falta de canales efectivos para denunciar. Y eso, en gran parte, es responsabilidad del Estado, que no está dando respuestas”, remarcó.
Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, Balut la calificó como un "parche" que solo busca contener la situación hasta 2027, sin atacar los problemas estructurales del sistema de atención y cuidado, “Hace falta un replanteo serio. Esta ley es apenas un paraguas que busca actualizar algunos montos y garantizar pagos a prestadores. Pero no resuelve el fondo del problema. El Estado tiene que estar presente. Hoy, no lo está”, denunció.
Al final de la entrevista cerró con un mensaje claro: las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como una carga o una estadística, “Siento que este gobierno trata la discapacidad de forma peyorativa. No somos un número pequeño, ni un gasto. Somos ciudadanos con derechos. Luchamos por dignidad, por acceso, por igualdad. Lo que pedimos está garantizado por ley. No es un favor”.
De acuerdo a registros oficiales en Catamarca, actualmente hay cerca de 9.000 personas con trámites activos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). A nivel nacional, se estima que casi 2 millones de personas dependen de la cobertura del Estado para acceder a medicamentos, terapias, dispositivos médicos, educación, transporte y otros derechos básicos.
