El diputado del Frente Amplio Catamarqueño cuestionó la legalidad del decreto que permitió el nombramiento y pidió a la Justicia que suspenda su aplicación por considerarla inconstitucional y contraria a la división de poderes. –eldiariodecatamarca.com
El diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó una acción de amparo ante la Corte de Justicia para frenar la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. La medida judicial busca suspender los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 719/2025, que modificó la ley vigente, y del decreto posterior que oficializó el nombramiento.
Ávila calificó la designación como “inconstitucional, nula y carente de urgencia”, y denunció que el Ejecutivo provincial avanzó sin debate legislativo, vulnerando la división de poderes y principios constitucionales. Según el legislador, la maniobra compromete la transparencia institucional y erosiona la confianza pública.
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También apuntó que el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley que regula la Defensoría del Pueblo resulta inconstitucional. Respaldó su postura en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Según explicó, estos tratados establecen que cualquier restricción a derechos humanos debe hacerse mediante una ley formal, sancionada por el Poder Legislativo, “Los DNU se elaboran sin debate, sin contradicción y al margen de la pluralidad política. Son decisiones tomadas en soledad desde los despachos del Ejecutivo, sin el necesario control del Parlamento”, expresó Ávila.
Además, cuestionó que no existiera una situación de emergencia que justificara la vía excepcional del DNU, especialmente cuando las sesiones ordinarias comenzaron el 1º de mayo y se podría haber impulsado un tratamiento legislativo ordinario.
Ávila concluyó que el decreto “no solo es inválido desde el punto de vista legal, sino también inconveniente desde una perspectiva democrática”, y solicitó que el Ejecutivo y el Senado provincial se abstengan de tomar juramento a Mera hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
