La denuncia penal fue presentada por el productor Pedro Saleme, quien acusa a la exintendenta Roxana Paulón y al municipio de haber entregado sin aval legal un predio de 345 hectáreas. La causa ya está en etapa de investigación. –eldiariodecatamarca.com
La Justicia de Tinogasta dio curso a una denuncia penal por presunta expropiación fraudulenta de tierras contra la Municipalidad de Fiambalá, la exintendenta Roxana Paulón y la empresa minera Zijin-Liex, que opera el proyecto litífero Tres Quebradas (3Q).
La presentación fue realizada por el productor Pedro Saleme, quien sostiene que el terreno ubicado sobre la Ruta 60, pertenece a su familia, y fue cedido ilegalmente a la empresa china en 2019, mediante un convenio firmado por Paulón y el representante de Zijin, Tomás Manuel de Pablo Souza.
Según la denuncia, la cesión se hizo sin que existiera una expropiación legal, y recién en septiembre de 2024, bajo la gestión del actual intendente Raúl Úsqueda, el municipio habría tomado posesión formal, cuando la planta minera ya estaba totalmente instalada.
La fiscalía ya ordenó medidas de prueba: inspección ocular, recopilación documental y toma de declaraciones, entre ellas, se pidió citar a los firmantes del convenio. Saleme también solicitó la paralización de una obra de tendido eléctrico que atraviesa el terreno en disputa hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
Un conflicto con derivaciones políticas y económicas
Saleme denuncia que el municipio le ofreció solo 3 millones de pesos por el predio, mientras él estima que el valor real supera los 600 millones. Además, cuestiona que las tierras fueron cedidas para un supuesto Parque Industrial que nunca se concretó, y terminó beneficiando directamente a la minera.
La obra de energía en cuestión una Línea de Alta Tensión de 132 kV entre Tinogasta y Fiambalá, fue anunciada por el Gobierno provincial en agosto, en una reunión entre el gobernador Raúl Jalil y autoridades de Zijin. La inversión alcanza los 20 millones de dólares y es clave para el funcionamiento del proyecto 3Q.
El caso genera tensión en el contexto de crecimiento minero en Catamarca, donde persisten reclamos por mayor transparencia en la relación entre empresas, municipios y propietarios de tierras. La Justicia deberá determinar si hubo irregularidades en la entrega del terreno y si se violaron normas provinciales o nacionales.
