La Justicia rechazó un pedido de nulidad con el que directivos de la entidad buscaban hacer caer una ampliación de la denuncia del Gobierno por evadir cerca de 300 millones de pesos en impuestos mediante facturación apócrifa.
El magistrado en lo penal y económico Diego Amarante desestimó el planteo presentado por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezado por su secretario Cristian Malaspina, para invalidar una ampliación de denuncia impulsada por ARCA. El juez Amarante ratificó la continuidad de la investigación por sospechas de facturación apócrifa y una posible asociación ilícita fiscal que se acumula en la causa donde el titular de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, fue procesado y embargado junto a Malaspina; al director general de la AFA, Gustavo Roberto Lorenzo; y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez por retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes.
El origen de la denuncia y las irregularidades detectadas
A principios de mayo, el Gobierno nacional, a través de ARCA, presentó una ampliación de denuncia donde señaló la posible utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y reducir la carga tributaria. Según la acusación, las maniobras habrían generado un perjuicio fiscal cercano a los 290 millones de pesos, por lo que se solicitó investigar la existencia de una asociación ilícita fiscal integrada por directivos de la entidad.
De acuerdo con la presentación del ente fiscal, las operaciones investigadas habrían involucrado a empresas que carecían de capacidad económica, financiera u operativa para prestar los servicios facturados. El organismo sostuvo que varias de esas firmas figuraban entre los contribuyentes considerados no confiables y que habrían sido utilizadas para emitir comprobantes sin respaldo real, justificando pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.
Según la reconstrucción realizada por el ente recaudador, una gran parte de las operaciones se efectuó mediante cheques que luego fueron endosados sucesivamente, dificultando la trazabilidad del dinero y la identificación de sus beneficiarios finales. Para los investigadores, el mecanismo podría haber servido para ocultar el recorrido real de los fondos.
La respuesta de la Justicia ante el pedido de nulidad de la AFA
Las defensas sostuvieron que los nuevos hechos no guardaban relación con la causa original y remarcaron que debía tramitar en un expediente separado por entender que se afectaba el derecho a la defensa por alterarse el objeto procesal.
En la resolución el juez Amarante explicó que solo se limitó a recibir la denuncia y remitirla a la fiscalía para que evaluara si la impulsaba o no, sin que ello implicara una decisión sobre el fondo de la cuestión. Por otra parte, el magistrado consideró que los nuevos hechos presentan “puntos de contacto” con la investigación principal pues involucran a la misma entidad, a varios de los mismos dirigentes y a presuntas infracciones tributarias ocurridas en períodos coincidentes.
“El decreto inicial cuestionado no puede ser considerado un acto jurisdiccional de ampliación indebida del objeto procesal”, sostuvo el magistrado al rechazar la nulidad. También remarcó que los planteos no demostraron un perjuicio concreto que justificara una medida tan excepcional como la invalidez de actuaciones.
Si bien el fallo no implica una definición sobre la responsabilidad penal de los involucrados, sí despeja un obstáculo procesal relevante y permite que continúe el análisis judicial sobre las presuntas maniobras denunciadas por ARCA.
