Así lo expresó el abogado Oscar Romero, quien denunció al fiscal penal de Santa María, Laureano Contreras, por irregularidades en el desempeño de sus funciones.- Diario de Catamarca
El letrado Romero, en una entrevista con La Isla FM 107.9, expresó su preocupación y realizó su descargo: “Quiero hacer pública la situación que enfrenta la sociedad de Santa María a diario. Aquellos que desean trabajar de manera honesta no pueden hacerlo debido a las amenazas realizadas por autoridades municipales y a la negativa de pagar por su actividad, que consiste en la comercialización de productos para niños y gastronomía a través de tráileres y food trucks. Solo recibimos amenazas. Ante esta circunstancia, presento las denuncias correspondientes, pero un mes después de hacerlas, son archivadas, ya que las supuestas amenazas provienen de quienes fueron compañeros del actual fiscal Contreras”.
Seguidamente, Romero dijo “es evidente que se usa al municipio como trampolín para ingresar a la Justicia. Es muy evidente que la Justicia Penal en Santa María no funciona, y es porque este señor es originario del departamento. Si están sus amigos implicados en algo, no mueve un dedo y como ejemplo puedo citar una causa por homicidio culposo que tiene cajoneada hace 4 años”
Acerca de las irregularidades en su función, como “no atender un teléfono cuando está de turno judicial, solo porque estaba jugando a las bochas y comiendo un asado, el Oscar Romero expresó “Yo le puedo demostrar que no, tengo las llamadas donde le digo al fiscal que iba a ser responsable de lo que sucedía con mis representadas por no estar en el lugar en el momento solicitado, ya que desde el municipio se estaban llevando el tráiler sin tener una orden judicial, y las empleados aducían que tenían la orden emanada por la Jueza Municipal de Faltas para llevar a cabo tal acción”
En tanto una de las damnificadas - que solicitó se reservara de su identidad- dijo “Tenemos mucho miedo todo el tiempo. Ahora que nosotros viajamos a la ciudad a hacer esta denuncia, allí en Santa María quedaron solos nuestros familiares y no sabemos qué es lo que les pueden hacer. Tenemos miedo a las represalias por no cumplir con lo que ellos piden, con los caprichos de ellos”
Inmediatamente, la mujer agregó “tenemos derecho de trabajar libremente, estamos en democracia, somos servidores turísticos que trabajamos los 365 días del año. No nos tomamos feriados ni nada.
La gente sabe de nuestra labor y tanto los propios vecinos como los turistas, nos acompañaron con su firma al pedido que formulamos para que se nos permita trabajar. La verdad que nos preguntamos si la señora intendenta no tiene algo mejor o más urgente que hacer que dedicarse a perseguir a quienes trabajamos dignamente vendiendo juguetes y comida”, enfatizó.
Cuando se les consultó si sabían cuál era el motivo por lo que sucedían estos hechos, la damnificada dijo “esto ocurre con nosotros únicamente porque con los otros ya arreglaron. Es una persecución y es político también. Ellos se amparan en que existe una ordenanza que dice que los tráileres o foodtruck sólo pueden funcionar para la actividad gastronómica, y por eso nos quieren correr de donde estamos y llevarnos a otro lugar que carece de las medidas de seguridad necesarias para poder llevar adelante nuestra actividad”
Finalmente, las damnificadas dijeron “Lo único que queremos es que nos permitan trabajar. Yo soy divorciada y tengo un hijo con discapacidad. Mi amiga es madre soltera y no tenemos ningún otro ingreso para solventar nuestras necesidades y la de nuestros hijos”.
