Es por la compra de un campo de 152 hectáreas y un segundo terreno en Punta del Este, Uruguay.
La Justicia condenó este lunes a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por el delito de "lavado agravado". Es por la compra de un campo de 152 hectáreas y un segundo terreno en el exclusivo barrio José Ignacio de Punta del Este, Uruguay.
Ambos recibieron penas diferentes. Mientras el primero fue condenado por mayoría a cuatro años y medio de prisión, el segundo solo a dos y medio por ser imputado colaborador. Su pena definitiva, entonces, será de cuatro años ya que se unifica con otras por otros delitos.
Según el fallo al que pudo tener acceso MDZ, Lázaro Báez fue "condenado por mayoría (...) por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor (hecho 1 'El Entrevero' y hecho 2 'Terreno en El Faro de José Ignacio')".
Leandro Fariña, por su parte, recibió su pena por ser considerado "penalmente responsable del delito de lavado de activos, en carácter de coautor (hecho 1 'El Entrevero'), dejando expresa constancia que la pena fue reducida en un año de prisión respecto de los tres años y seis meses que le hubieran correspondido de no haber colaborado como imputado arrepentido aportando información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos objeto del juicio".
Asimismo, fue condenado a cuatro años de prisión Daniel Pérez Gadin, exdueño de la financiera "La Rosadita" y funcionario de Jumey S.A., que se encargaba del campo comprado; y Jorge Óscar Chueco, a tres años y seis meses, por ser cómplice.
La investigación comenzó cuando la Justicia puso la mirada en supuestas operaciones de lavado de dinero mediante la adquisición de "El Entrevero".
Según consta en la causa, Leandro Fariña trató con la inmobiliaria para llevar adelante un proyecto. En 2011, la transacción se concretó a través de la empresa Traline S.A., radicada en Uruguay y presidida inicialmente por Maximiliano Acosta, quien fue sucedido por Maximiliano Goff Dávila, ambos imputados en la causa. Posteriormente, el campo quedó registrado a nombre de otra empresa, Jumey S.A., presidida por el contador Daniel Pérez Gadín, antiguo propietario de la financiera "La Rosadita".
