El Tribunal Oral Número 2 dispuso penas de cumplimiento efectivo y en suspenso para los sujetos que además provocaron daños en la vía pública mientras se discutía el acuerdo con el FMI
El Magistrado Rodrigo Giménez Uriburu condenó a penas de entre 2 y 2 años y 9 meses de prisión en suspenso y de 5 años y 9 meses de prisión efectiva a los hombres que el 20 de marzo de 2022 apedrearon la sede edilicia del Poder Legislativo y el despacho de la entonces titular del Senado y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras se debatía en Diputados el acuerdo impulsado por Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional.
La sentencia llegó casi 3 años después por medio de un juicio abreviado que el tribunal oral número 2 sustanció en las últimas horas tras convalidar el pedido del fiscal Diego Luciani. Precisamente para el 20 de marzo estaba previsto la realización de un juicio oral pero quedó emplazado luego que las defensas acordaran con la fiscalía la admisión de los hechos imputados y el acuerdo de las penas que posteriormente fue elevado al TOF 2.
Luciani, mismo fiscal que pidió condenar a Cristina en la causa Vialidad a 12 años de prisión, dio por probado que Jonathan Emanuel García, Oscar Ramón Santillán, Luis Agustín Trionfini, José Horacio Fernando Castillo, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Julián Claudio Lazarte, Sebastián Esteban Franco, Leonardo Marcelo Cáceres y Exequiel Darío Paz participaron “en los desmanes generados en las inmediaciones del Congreso Nacional… en forma mancomunada y con el fin deliberado de dañar”,
Agrega el fiscal que el grupo de personas “se alejó de las que estaban manifestándose pacíficamente y comenzó a arrojar –con sus manos y/o mediante el uso de gomeras–: piedras, cascotes y bombas de pintura hacia el edificio del parlamento, causando daños sobre diferentes bienes del Congreso de la Nación y la vía pública”.
Los ahora condenados quienes en el marco del proceso abreviado reconocieron su grado de culpabilidad fueron identificados mediante imágenes registradas durante los incidentes, muchos de ellos llevaban puestos barbijos por lo que el reconocimiento fue a través de fotos de rasgos distintivos como tatuajes y piercings. Finalmente fueron identificados mediante el sistema “Luna Plataform”.
Finalmente el Juez Giménez Uriburu dispuso para Cáceres, Fonteina, Paz y Lazarte 2 años de prisión condicional, mientras que para García, Santillán y Castillo 2 años y 9 meses también de cumplimiento condicional por carecer de antecedentes.
A todos ellos, el tribunal les ordenó “la realización de una jornada de capacitación y formación a celebrarse dentro de las instalaciones del Honorable Congreso de la Nación, con el objetivo de que se interioricen sobre su funcionamiento en el ejercicio de la actividad legislativa, comprendan su naturaleza democrática y el valor histórico del edificio en el que se desarrollan las funciones inherentes a aquél”.
Por otra parte, Agustín Trionfini y Sebastián Esteban Franco recibieron penas de 4 años y 5 años y 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo respectivamente por contar con condenas previas de robo y robo agravado.
Del acuerdo de juicio abreviado, el Senado de la Nación que preside Victoria Villarruel dio su visto bueno como querellante en la causa. Los daños materiales al Congreso y a la vía pública fueron calculados en casi 14 millones de pesos y además un efectivo de la policía resultó herido por dos bombas molotov arrojadas por los manifestantes.
