Se trata de una empleada judicial de Río Negro, quien fue imputada por el Ministerio Público Fiscal de esa provincia.

Una empleada judicial falsificó un certificado médico para obtener 10 días adicionales de licencia causando un perjuicio a la administración pública y, tras ser descubierta, fue imputada y enfrenta cargos por fraude y uso de documento falso.

Según informó ADNSUR, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó cargos a la mujer, quien está acusada de falsificar el citado documento médico para obtener los mencionados días adicionales de licencia, los cuales no le correspondían según lo prescrito.

Los hechos sucedieron entre el 5 y el 26 de diciembre del año pasado, período en el cual la mujer no se presentó a trabajar, lo que causó un perjuicio directo a la administración pública de la provincia y se le atribuyen los delitos de uso de documento falso y fraude a la administración pública

En tanto, según la acusación, la empleada modificó un certificado médico emitido por una profesional, agregando el número 1 antes del 7, con lo cual extendió su licencia en 10 días adicionales y el documento fue enviado por la propia imputada a través de los canales oficiales de la institución para justificar su ausencia.

El medio del sur argentino señaló que, durante la audiencia, el fiscal presentó las pruebas reunidas en el expediente, entre ellas los análisis técnicos realizados por la OITEL, que recuperaron el chat entre la acusada y personal del Poder Judicial, lo que confirma la presentación del certificado falsificado.

También se incluyeron informes del área contable del Ministerio Público, detallando el perjuicio ocasionado por la acción de la agente y declaraciones de la médica que emitió el certificado, así como de los organismos de Recursos Humanos que gestionaron la solicitud de licencia.

Además, se informó que la mujer estuvo representada por la defensa pública penal, que no presentó objeciones a los cargos, considerando que se cumplían los requisitos legales y en su intervención hizo uso de su derecho a declarar, mientras que el juez de Garantías aceptó los cargos formulados, que incluyen el uso de certificado falso y fraude a la administración pública y la imputada fue considerada autora de estos delitos.