El abogado constitucionalista Daniel Sabsay se opone a que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) audite universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), argumentando que esto compromete su autonomía, ya que la Sigen depende del Ejecutivo. Propone que la Auditoría General de la Nación (AGN), que responde al Congreso, asuma estas auditorías para garantizar un control adecuado de los fondos públicos. “Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos, pero ante el organismo adecuado”, apuntó el constitucionalista en una publicación en su cuenta de X.
La UBA destaca su historial de auditorías y su cumplimiento con las leyes vigentes, defendiendo su autonomía ante los intentos de control del Ejecutivo.
En este contexto agregó: “Los fondos de esos claustros educativos no pueden ser controlados por ese órgano que depende del Ejecutivo y eso afecta su autonomía”, advirtió el letrado.
Ante el anuncio del Gobierno sobre la auditoría, la UBA anunció acciones legales, considerándola una intervención inconstitucional que busca controlar el contenido académico. El presidente Javier Milei sugirió que la resistencia de las universidades indica corrupción y problemas más graves.
La UBA planea una auditoría “nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno” y reafirma su transparencia en el uso de fondos, pidiendo ser incluida en el Plan de Auditoría 2025 de la AGN. Destacan que la Sigen no tiene competencias para auditar universidades nacionales según la legislación vigente y denuncian un ataque ideológico contra la educación pública y libertad académica.