El Gobierno reglamentó el procedimiento por el que todo trámite ante el Estado debe darse por aprobado si la autoridad no responde en tiempo a un reclamo. Rige desde noviembre.

Ya está publicado en el Boletín Oficial una de las decisiones esenciales para la desburocratización de la vida diaria de muchos argentinos. Aunque se trata de una de las medidas menos publicitadas y conocidas del gobierno de Javier Milei es, quizás, una de las que mas impacto directo va a tener en quienes lleven adelante cansadores trámites de cualquier tipo en el Estado. Ahora avanza bajo la batuta de Federico Sturzenegger.

¿Qué significa entonces el "silencio positivo"? De ahora en mas cuando haya transcurrido el plazo legal establecido para que el Estado resuelva sobre el pedido de trámite de un particular sin que exista respuesta la solicitud debe considerarse aprobada.

La diferencia es esencial, ya que el Estado puede demorar mucho mas allá del plazo legal para responder el pedido de un ciudadano en cualquier trámite o inclusive hacer silencio y no contestar ante el procedimiento. En el Estado rige esencialmente un plazo fijado como "tiempo oportuno", tal como se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo para solucionar pedidos de particulares, de 60 días para que se expida finalmente el Estado o el plazo establecido para cada trámite,

Normalmente esto no sucede y cualquier ciudadano que peticiona ante el Estado debe esperar mas allá de los plazos legales para que se resuelva el pedido o directamente presentarse a que se le reconozca que, ante la falta de respuesta, se de por positivo su reclamo.

En Argentina rige el silencio administrativo positivo reglamentado para los pedidos de acceso a la información, pero ahora se deroga el artículo de Procedimiento Administrativo que lo limitaba y se da para todos los trámites que hagan ante el Estado. En el caso de provincias y municipios podría aplicarse siempre que adhieran a la reglamentación. 

En los considerandos de la Decisión Administrativa 836/2024 publicada este lunes se explica: "La implementación prevista implica la identificación de la totalidad de los procedimientos administrativos de las distintas reparticiones de la Administración Pública Nacional en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa".

En el primer articulo de la Decisión Administrativa se establece que "a partir del 1º de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos".

Y en el artículo dos se fija que el mismo principio para los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional pero con vigencia desde el 1 de diciembre de este año.