El exministro de Salud fue indagado por "abuso de autoridad y peculado". González García sostuvo que la aplicación de vacunas estuvo justificada.
El exministro de Salud, Ginés Gonzalez García, negó que se haya cometido un delito a la hora de aplicar las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. En la causa conocida como "Vacunatorio Vip", Gonzalez García argumentó que quienes se aplicaron las vacunas estaban amparadas en las resoluciones del ministerio.
Su defensa fue presentada en un escrito de alrededor de 100 páginas y en una declaración oral. Vía videoconferencia, afirmó que no cometió ningún delito al vacunar a sus cercanos, que no estaban habilitadas por la legislación vigente. El exfuncionario también se justificó al señalar que eran personas de riesgo que podían aplicarse las dosis.
Con la declaración de Ginés González García, culminan las indagatorias. La jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, cuenta con 10 días hábiles para determinar el futuro de los procesamientos. Otros de los indagados fueron Alejandro Costa (extitular de Estrategias Sanitarias), María Elena Borda (exjefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas), Graciela Torales (exjefa de Coordinación de Atención a Pacientes), Alberto Maceira (exdirector del Posadas) y Marcelo Guille (exsecretario privado de González García).
González García está acusado por los presuntos delitos de "abuso de autoridad y peculado" a raíz de la supuesta vulneración de un protocolo de vacunación contra el Covid-19 que había fijado la propia cartera sanitaria.
El denominado "Vacunatorio VIP" –según la denuncia- funcionaba en el Hospital Posadas y quedó al descubierto cuando el periodista Horacio Verbitsky, quien por edad tenía prioridad para recibir la vacuna, dijo en un programa de radio que se había inoculado gracias a una invitación del entonces ministro de Salud.
Capuchetti desestimó la denuncia sobre 65 de los 70 casos que tramitaban en el expediente y solo dejó abierta la investigación sobre personas que no cumplían con los requisitos para recibir anticipadamente la vacuna contra el covid-19. A pesar de ello, la Cámara Federal -a instancias del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez- dispuso reabrir la investigación para determinar por qué se decidió aplicar la vacuna a esas personas y no a otras en su misma situación.
