Javier Milei avanza con su embestida contra Claudio Chiqui Tapia. La intención es intercambiar información con funcionarios norteamericanos.

En su decisión de ir contra el titular del AFA, Claudio Chiqui Tapia, el Gobierno de Javier Milei envió al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, a intercambiar información sobre la Asociación de Fútbol Argentino con funcionarios de Estados Unidos.
El encuentro se realizó en Washington y tuvo como eje el intercambio de datos financieros vinculados a la causa judicial que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con la AFA. Starc se reunió con autoridades de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo del Departamento del Tesoro estadounidense encargado de prevenir y combatir delitos financieros.
El objetivo del viaje de Paul Starc a Estados Unidos
Según se informó, la cooperación se dio en el marco de un acuerdo bilateral vigente desde 2016, que habilita el intercambio de información sensible entre ambos países cuando existen investigaciones abiertas por posibles delitos económicos. El objetivo del viaje fue acceder a documentación y movimientos financieros de empresas radicadas en Estados Unidos que están bajo análisis de la Justicia argentina.
La investigación apunta a una red de sociedades con sede en distintos estados norteamericanos, como Florida, Georgia y Delaware, que habrían intervenido en operaciones vinculadas a contratos de la AFA. Los investigadores sospechan que algunas de estas firmas podrían no tener actividad comercial real y habrían sido utilizadas para canalizar fondos al exterior.
Entre las empresas bajo la lupa se encuentra Tourprodenter LLC, creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. La firma mantiene contratos de exclusividad con la AFA para la organización de partidos y eventos, y es analizada por transferencias millonarias realizadas hacia otras sociedades con base en Miami.
De acuerdo con la información reunida en la causa, se investigan movimientos por al menos USD 42 millones, lo que motivó el pedido de colaboración internacional para profundizar el análisis de las operaciones y su trazabilidad.
Desde la UIF señalaron que el intercambio con las autoridades estadounidenses permitirá ampliar el caudal de información disponible en el expediente judicial. En caso de detectarse violaciones a la normativa de ese país, el caso podría derivar en la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles delitos federales vinculados al lavado de activos.
La participación de la UIF en esta instancia se inscribe en la estrategia del Gobierno de Milei de avanzar contra la conducción de la AFA, en una causa que combina investigación judicial, cooperación internacional y un fuerte trasfondo político.
