Ante la sanción del cambio en la movilidad jubilatoria el Gobierno ya decidió el veto total de la medida. Desde el otro lado, la clase pasiva es la que más viene sufriendo el recorte del gasto público
A números y porcentajes de julio, se puede garantizar que el Gobierno logrará este año un superávit fiscal primario importante (recaudación contra gastos, antes del pago de intereses de la deuda). Probablemente, cercano al 2% del PBI, lo que implicaría unos US$10.000 millones de dólares.
Lo que vendría acompañado también por un superávit financiero de 0,5%, unos US$2.500 millones. Aunque no se llegue a la meta pactada para este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será un éxito. Al menos en la comparación histórica, donde sólo dos gobiernos lograron una meta semejante: Carlos Menem y Néstor Kirchner.
En un 2024 en el que la economía caerá no menos de 3%, por lo menos Javier Milei podrá mostrar que logró la meta clave de conseguir un importante superávit fiscal y, teóricamente en consecuencia, reducir sustancialmente la aceleración de la inflación. La recuperación económica con superávit fiscal y con inflación de menos de 20%, vendrá para el 2025.
Importante es entonces analizar dónde se concentró ese resultado positivo entre ingresos y gastos. Seguramente, no en el primer ítem. La recaudación impositiva navegó en el período enero- julio (el último totalmente disponible), por debajo de la inflación. Y lo máximo que podrá esperarse en este capítulo entre agosto y diciembre, será buscar el empate entre impuestos y gastos.
La clave entonces habrá que encontrarla en este segundo ítem; donde el gobierno de Javier Milei aplicó a destajo la fórmula motosierra- licuadora. A términos de los primeros siete meses del año, el resultado sobre dónde se concentró la reducción del gasto público es la siguiente:
El 32% por ajustes en las jubilaciones y pensiones.
Un 20% en los fondos para obra pública.
El 23% en la suba de los impuestos al comercio exterior, fundamentalmente en el Impuesto País.
Otro 18% en la reducción de subsidios al transporte, servicios y empresas públicas.
Fueron los jubilados los que hicieron entonces el mayor nivel de ajuste. Nada que sorprenda. En general, siempre concentraron, gobierne quien gobierne, la mayor parte de la contracción del gasto. En este escenario es que Milei vetará esta semana el aumento a jubilados aprobado por el Congreso la semana pasada.
El Presidente lo justifica y avala, precisamente, para mantener la meta de superávit fiscal pactada para este año. No hay acuerdo sobre el costo final de la medida, pero sólo tomando el cálculo más conservador, el de los legisladores radicales, el costo se ubica en el 0,45% del PBI. Esto es, un poco menos de US$2.500 millones, casi un 25% de todo el ajuste que proyecta el Ejecutivo para todo el año. Sostenible para mantener el superávit, pero grave para mostrar el norte al que quiere ir la gestión de Javier Milei.
Para los jubilados los números serían los siguientes. Según determinó ya el Gobierno, en septiembre la jubilación mínima será de 234.472 pesos. Si se aplicara ese incremento de 8,1% que aprobó el Congreso, esa liquidación pasaría a unos 253.464 pesos. Si se sumara el bono de 70.000 pesos ese pago alcanzaría los 323.464 pesos.
Con el veto, la liquidación sería de 304.472 pesos. La diferencia entre lo que cobrarían los jubilados si no se vetara la ley y lo que seguramente percibirán en septiembre es de 18.992 pesos. Estamos entonces en un país, en el que no se le pueden incrementar a nuestros abuelos sus míseras jubilaciones mínimas en menos de 19.000 pesos.
La explicación sobre el problema fiscal de este panorama de aumentos y vetos es simple. El sistema previsional argentino está quebrado. Lo que los trabajadores en blanco, tanto en relación de dependencia como independientes, aportan a la caja nacional, no alcanza para cubrir el 70% de lo que se necesita. Y, en definitiva, hay que pedirle fondos a otros impuestos como IVA, Ganancias, retenciones, etc. Si se aplicara lo que se aprobó en el Congreso, se necesitarían no menos de 3.000 millones de dólares extras este año y el que viene.
La situación decadente de la clase pasiva no es nueva. Ni los ajustes inaugurados por Javier Milei y su gestión libertaria.
¿Qué ha pasado realmente con el poder adquisitivo de las jubilaciones argentinas en los últimos años? Según el economista del IARAF, Nadín Argañaraz, la situación de la clase pasiva desde el 2017 es la siguiente.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los jubilados que reciben bonos compensatorios y los que no los reciben?
El poder adquisitivo de las jubilaciones argentinas ha tenido una importante caída a partir del año 2017.
Fue mínimo en febrero de 2024. Y a partir de ahí inició una recuperación.
En el caso de los haberes mínimos, incluido el bono compensatorio, la realidad es la siguiente: entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 43%.
Entre febrero y agosto la suba real fue del 29%. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, la suba real es del 6%.
La cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber y en la caída real del bono, ya que lleva 6 meses con igual valor de $70.000. Esto hizo que en junio se logre un pico y que a partir de ahí ya se haya iniciado una merma real del ingreso total. *En efecto, entre junio y agosto el ingreso real ya cayó un 1,2%.
En el caso del resto de los haberes, la realidad es la siguiente: entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 62%.
Entre febrero y agosto la suba real fue del 50%. Entre noviembre de 2023 y agosto, la suba real es del 6%.
Al no haber bono, la cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber. Mientras la inflación descienda, el haber real crecerá mes a mes, dada la fórmula de movilidad vigente en la actualidad.
