El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Sergio Andrés Aguirre y dos interventores nombrados por la gestión de Javier Milei.
En el marco de un expediente con fuerte impacto político, el juez federal Sebastián Casanello procesó a un exsocio de Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados de la Nación— y a dos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que estuvieron a cargo de la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la segunda más numerosa del país en cantidad de afiliados.
El procesamiento recayó sobre Sergio Andrés Aguirre, socio comercial de Menem, y los funcionarios intervinientes por presuntas maniobras irregulares vinculadas al desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período en el cual la entidad médica se encontraba bajo la administración directa del Gobierno de Javier Milei.
Facturas N° 00000001 y 00000002: la empresa creada a la medida del contrato
De acuerdo con las actuaciones judiciales y los registros públicos recabados en la causa, la firma HTECH Innovation S.A. fue constituida en abril de 2024 —apenas cuatro meses después del inicio de la gestión presidencial— figurando Sergio Andrés Aguirre como su titular oficial en el Boletín Oficial. La sociedad fue inscripta bajo el rubro de servicios informáticos, procesamiento de datos y desarrollo de software.
A los pocos meses de su creación, la flamante compañía logró adjudicarse un contrato clave adjudicado por Virginia Montero, funcionaria designada dentro de la estructura de la intervención estatal, para ejecutar trabajos sobre los sistemas informáticos de la obra social rural.
La investigación judicial puso la lupa sobre una grave irregularidad detectada por los peritos contables:
Pagos millonarios: En noviembre de 2024, la empresa recibió dos desembolsos de la obra social intervenida por $40.251.879,36 y $7.733.119,68.
Comprobantes iniciales: La revisión fiscal comprobó que dichos cobros correspondieron formalmente a las facturas número 00000001 y 00000002 emitidas en la historia comercial de la firma.
Gravedad política y avance de la causa
El caso genera máxima tensión en los pasillos de Balcarce 50 y en el Congreso nacional debido a los vínculos directos de Aguirre con la máxima autoridad de la Cámara de Diputados.
El fuero federal busca determinar si existió una maniobra sistemática de direccionamiento de fondos públicos hacia contratistas vinculados al entorno político oficialista durante el período de intervención estatal, mientras se aguardan nuevas medidas de prueba y eventuales citaciones a indagatoria.
