De prosperar el reclamo de los demandantes, el monto final que deberá pagar la Argentina podría superar los US$ 17.000 millones.
El juicio en los Estados Unidos por la manera en que se concretó la renacionalización de YPF en 2012, presentó en las últimas horas una novedad esperada. Pero no por eso menos desagradable.
De quedar firme en segunda instancia el caso (actualmente se encuentra en plena etapa de preparación para su suerte en la Cámara de Apelaciones de Nueva York), los intereses acumulados hasta la fecha llegarían a los US$ 545.084.808; con lo que el dinero que se le debería pagar a los demandantes que vencieron en la primera instancia de la jueza Loretta Preska, superaría al momento de pasar la segunda parte del caso los US$ 17.000 millones.
El cálculo lo realizó el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril, sobre la base de lo aplicado jurisprudencialmente por la justicia de los Estados Unidos; y a partir de la decisión de la República Argentina de aceptar el derecho constitucional a una segunda instancia. La que incluso podría ampliarse a una tercera si el país obtuviera una sentencia negativa y resolviera apelar también al recurso que sea la Corte Suprema de ese país la que termine por resolver la cuestión.
El problema de las apelaciones a segunda y eventualmente tercera instancia cuando un fallo financiero es negativo, es que le otorga al demandante vencedor el derecho a poder reclamar no sólo el capital original (en este caso unos US$ 16.000 millones), sino que se le aplica la jurisprudencia referida al costo de oportunidad perdida por no recibir el pago en el tribunal de primera alzada. Este derecho autoriza al reclamo (ya realizado por los fondos demandantes Burford Capital y el Eton Park) a pedir que ese capital primario se mantenga actualizado, pero sumando además el costo de oportunidad de no haber podido invertir el dinero en el sistema financiero donde se ejecutó la demanda. Esto es, los Estados Unidos.
La justicia toma habitualmente el rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el gobierno de ese país durante el año en curso de la aplicación de la demanda, con lo que el cálculo final sería algo más de 500 millones de dólares extras que habría que sumarle al reclamo original habilitado por la jueza Loretta Preska.
Para saber finalmente a cuanto pudiera ascender el monto de intereses final a liquidar, habrá que esperar a la finalización de las dos instancias de apelaciones; pero siempre teniendo en cuenta ese monto de intereses como la base de cálculo. Luego, obviamente, las partes están autorizadas a una negociación final sobre el monto definitivo de pagos y los plazos de liquidación; lo que habitualmente incluye la negociación de los intereses en el paquete final. Pare esto, habrá que esperar.
El capítulo embargos no será corto en el tiempo. En las próximas horas se conocerán los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde Argentina llevó la causa. Tal como adelantó este medio, se especula que podrían repetirse los tres magistrados -o alguno de ellos- que ya habían actuado en 2017 en el caso.
En ese momento, la Cámara se habilitó para decidir si el planteo de los demandantes Burford capital y Eton Park, eran válidos y si había delito potencial por parte de Argentina. El 9 de julio de ese año Argentina recibió un fallo en contra, y la causa volvió al tribunal de Preska; quién finalmente el año pasado volcó la balanza a favor de los demandantes. El nombre de aquellos tres jueces eran Ralph Winter, Guido Calabresi y Denny Chin; quienes, según la visión local y por haber ya tratado el caso, podrían repetir trío.
Argentina se defenderá ente la Cámara cuestionando el hecho de haber tomado como jurisprudencia y sede del juicio los tribunales de Nueva York y la Justicia de los Estados Unidos, en lugar de acceder al reclamo que es en los juzgados argentinos y de Buenos Aires donde se debería haber llevado a cabo el juicio. Y con leyes y cláusulas locales y no norteamericanas, las que teóricamente avalaban la posición .
Además, según la estrategia elaborada por S&C, se cuestiona el hecho de haber determinado que el país debe pagar US$ 16.000 millones por haber perdido el caso, dinero que había sido calculado estipulado por Preska. Por lo demás, la presentación de la Argentina de la semana pasada ante la Cámara, reconoce que el país perdió el juicio, y que si quedara firme la sentencia la necesidad que ordenan las leyes argentinas obligarán a una nueva presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para solucionar definitivamente el caso.
La causa que debe tratar la Cámara se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la manera en que durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios.
La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera. Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos US$ 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitó su ingreso como socios locales de la petrolera. El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.
El gran misterio en esta megacausa es quienes son los socios de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford ya había vendido a estos accionistas el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017, tres años después de haberlo adquirido en unos US$ 35 millones en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora.
En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3.000 millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital pudo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York.
Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera en todas sus instancias el fallo contra el país (lo más probables) y los US$ 16.000 millones de dinero a liquidar (algo negociable); la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45.000% en algo más de 10 años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.
