Es por haber participado por fuera del partido. La presentación ya generó polémica y la rápida reacción de sus “victimas”- eldiariodecatamarca.com
Mariana Monllau; Francisco Monti, María Laura Quinteros, Juan Pablo Acevedo, María Silvana Carrizo, Hemilce Niz, Javier Castillo, Javier Espinoza, Víctor Quinteros, Héctor Canji, María Magdalena De la Fuente, Lucas Tapia y Raúl Figueroa; Javier Castillo; y a más de una treintena de concejales y referentes locales como; María Milagros Campiña, Carlos Solé, Gerónimo Cabrera, Luis Ledesma, Analía Ríos, Camila Barrionuevo, Néstor Vildoza, Frida Agüero, Bernardo Quintar, Florencia Quintar Olmedo, Melva Chayle, Moisés Acosta, Melisa Miranda, Diego Vincenti, María Bazán, Andrea De la Fuente, Nelly Pereyra, Guillermo Pizarro, Pablo Veliz, Víctor Reynoso, Rosa Reyes, serian algunos de los que encabezarían la lista que presentaron a la justicia.
La medida, impulsada por la conducción formal de la UCR y encabezada por el presidente partidario Luis Fadel, tensó al máximo una interna que venía acumulando fisuras desde las últimas elecciones. Pero esta vez el conflicto escaló a un nivel sin precedentes, se trata del intento de expulsión colectiva más amplio del radicalismo catamarqueño desde el retorno democrático.
La decisión de avanzar con las expulsiones generó una inmediata réplica de un sector de peso dentro del partido. En un comunicado lapidario, firmado por la vicepresidenta del Comité Provincia, Natalia Heredia, y los secretarios Bruno Latronico, Exequiel Lagoria, Germán Romero y Marita Vergara, se denuncia que las sanciones son “un grave atropello institucional” y la expresión de “un pequeño grupo de dirigentes que se ha apropiado de las estructuras partidarias como si fueran un patrimonio personal”.
Los disidentes acusan a la conducción de haber actuado sin cumplir ningún procedimiento orgánico “El Comité Provincia dejó de funcionar. No hubo convocatorias, ni debates, ni participación de los órganos que la Carta Orgánica exige”, señalan, y remarcan que se tomaron decisiones “a puertas cerradas y sin el mínimo requisito democrático”.
El documento apunta de manera directa al sector que responde al reelecto diputado Luis Fadel, a quien acusan de utilizar las expulsiones como mecanismo para disciplinar a las líneas internas y evitar el debate sobre la crisis electoral, “No buscan evaluar conductas partidarias, buscan silenciar voces críticas y disimular su falta de conducción y de autocrítica”, sostienen.
Los firmantes recuerdan además que la última Convención Provincial había autorizado la conformación de alianzas flexibles y que nunca otorgó facultades para imponer acuerdos exclusivos ni impedir la participación conjunta con otras fuerzas. “Que el presidente haya firmado una ‘alianza’ con un sello vacío para justificar decisiones tomadas entre pocos, no obliga a los afiliados a someterse a esa postura unilateral”, remarcan.
Entre los 40 señalados hay legisladores en funciones, intendentes, concejales y dirigentes con fuerte inserción territorial. Su eventual expulsión reconfiguraría el mapa interno de la UCR y podría acelerar procesos de realineamiento con otros espacios, en particular con La Libertad Avanza, fuerza por la que varios de ellos compitieron.
