El número dos del Polo Obrero, que hasta marzo trabajó en el Ministerio de Capital Humano, está imputado por extorsión y según la Justicia tenía un rol clave en la estructura delictiva.
El fiscal federal Gerardo Pollicita describió un mes atrás un engranaje extorsivo vinculado a movimientos sociales que puso bajo la mira a 28 piqueteros y activó 27 allanamientos. Investiga la existencia de un supuesto sistema de recaudación, a base de premios, castigos y ascensos, diseñado para extorsionar a beneficiarios de planes sociales o aspirantes a recibirlos. Según la hipótesis de la Justicia, quienes recibían uno o querían hacerlo debían dar dinero, participar de marchas u ofrecer otro tipo de tareas como colaborar en comedores. En este mapa apareció un nombre como central: el de Jeremías Cantero, el número dos de Eduardo Belliboni en el Polo Obrero, imputado como presunto líder de este modelo ilícito de recaudación.
Hoy, Cantero deberá declarar en los tribunales de Comodoro Py. Él, según consta en la solicitud de indagatoria del fiscal Pollicita, coordinaba el funcionamiento de "varios comedores en esta ciudad (por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas". En cuanto a su rol dentro de la estructura jurídica de Polo Obrero, figura como titular en la Comisión Revisora de cuentas o como vocal suplente, dependiendo el período observado. Además, por su cercanía a Belliboni siempre fue una figura de peso para los otros piqueteros dentro del movimiento.
"En un cuadro en el cual hay 16 detenidos por la movilización contra la Ley Bases, queda más que nunca de manifiesto que la intención de este gobierno es perseguir a las organizaciones para quebrar la movilización popular. Esta persecución pretende apuntalar la política de hambre de Milei y Petovello, que eliminó los alimentos para los comedores populares, y recorta brutalmente los programass sociales mientras avanza la desocupación y la miseria", dijeron desde Polo Obrero y anunciaron que encabezarán un reclamo por "el cese de la persecución para que no haya ningún preso por luchar" y darán una conferencia de prensa al mediodía.
Eduardo Belliboni denunció: "En la causa la fiscalía y el juez trabajan para intimidar a denunciantes y a testigos, para manipularlos y construir el relato que les sirve para la persecución política. Hay pruebas. Primero, fueron colocadas como denunciantes personas que llamaron al 134 de forma anónima, porque así se prometió. A esta gente le rastrearon su teléfono y la mandaron a buscar con la policia, violentando el anonimato prometido".
"Bajo este mecanismo intimidatorio, lograron escasos testimonios sobre los supuestos 20.000 llamados recibidos en esa línea de denuncias. Es claro que no se trata de ningún sistema ni pirámide, sino en el peor de los casos de algunas excepciones en un movimiento masivo y democrático", agregó.
Para Belliboni, "la Justicia fue a buscar testimonios a los barrios, seleccionándolos acorde a sus intenciones y citándolos para reuniones para preparar sus declaraciones, para alinearlos con las necesidades de la persecución que armas" y "de tres testigos que conocen, hay dos que desmintieron el relato de la fiscalía".
La ronda de declaraciones comenzó el martes pasado a las 9 y participaron Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Todos están investigados por amenazas, aprietes y reventa de la comida que el Estado mandaba a los comedores.
Mañana miércoles deberá declararar Elizabeth del Carmen Palma, sospechada de desviar fondos. Y, por último, el 25, lo harán Eduardo Belliboni, Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa, que dijo que se trataba de la venta de una propiedad, y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, a la que se investiga por la emisión de facturas falsas.
