Estos fraudes elaborados a grande escala se habrían gestado durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández. La denuncia del ANDIS.

Desde hacía tiempo que la gestión de Javier Milei venía cuestionando la cantidad de beneficiarios de pensiones no contributivas en discapacidad, movimientos dudosos y a gran escala generados por gobiernos anteriores. Este viernes 19, finalmente dieron a conocer el esquema de corrupción presuntamente gestado durante los años kirchneristas, el cual ha vulnerado severamente los derechos de las personas del colectivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, mostró durante su conferencia de prensa diaria el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas trucas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se estima en 3.400 millones de dólares sólo en 2023. Tras las nuevas auditorías realizadas sobre pensiones por invalidez laboral, se encontraron "fraudes de grande escala", para las cuales incluso se habrían llegado a utilizar radiografías de perros. 

Cómo desviaron fondos del ANDIS

Según informaron a MDZ, se estima que se produjo un desvío de fondos de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Estos fuertes aumentos de emisiones de pensiones por invalidez aparentemente falsas se dieron entre los años 2003 a 2015, dentro de los cuales gobernaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder, se "planchó" la cantidad de beneficiarios e incluso hubo una leve caída. No obstante, ya bajo la gestión de Alberto Fernández (de 2019 a 2023) volvió a haber un gran incremento: la cifra volvió a elevarse a tal punto que alcanzó las 1.250.000 pensiones.

Las investigaciones que inició el oficialsimo actual maniobraron hasta aparentemente llegar a casos de beneficiarios que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo a algunos con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y múltiples inmuebles, así como personas que trabajaban.

Alrededor del 35% de los subsidios otorgadas en estos años presentaron incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo. Mientras tanto, el otro 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas: encontraron radiografías que no son de personas, sino de perros. 

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Se trataría de un mecanismo perverso que ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad, utilizándolas a costa de intereses ajenos. Todo el dinero que se debió invertir en esta área históricamente vulnerada, fue a parar a otros sitios: para beneficios y arreglos políticos. 

A principios de este mes, la ANDIS pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud a fin de manejarse de manera más estratégica, a pesar del rechazo que esto generó en el sector. Las investigaciones se estuvieron desarrollando también bajo esta cartera, aunque la denuncia ya fue presentada y está siendo encabezada por la Agencia, hoy presidida por Diego Orlando Spagnuolo. 

Corrupción en discapacidad: las maniobras K y la denuncia

Desde la Agencia confirmaron a este medio que la Justicia ya está investigando desde hace tiempo lo ocurrido, pero no avanzaba debido a que las gestiones anteriores no otorgaban información de sus registros. "Desde que asumimos, empezamos a brindar todos los datos a la Justicia y empezamos a auditar también nosotros en el marco de esas causas y de nuevos relevamientos y auditorías", explicaron. 

Señalaron que, durante las gestiones kirchneristas, habrían detectaron que se otorgaron y gestionaron pensiones de manera irregular. El fiscal Guillermo Marijuan ya denunció a funcionarios de otras administraciones y, en paralelo, pidió iniciar las investigaciones pertinentes de la mano de otros fiscales que actuaron en distintos puntos del país donde tuvieron lugar dichos esquemas dudosos.