El Ejecutivo reitera que no modificó los aportes, sin embargo hay una cuestión matemática: con un 211,5% de inflación del año pasado, los montos valen mucho menos ahora. En el medio, la opinión pública todavía respalda las decisiones de la Rosada.

Esta semana, se conoció que la Nación iba a modificar los aportes que, a nivel nacional, se les hacen a las cajas jubilatorias de las provincias. Esto, lógicamente, es un impacto muy fuerte, en términos negativos, para cualquiera de las provincias argentinas. Hoy, el ministro del Interior -que es el ministro político de este Gobierno, eso también hay que marcarlo-, que más y mejor relación tiene con los gobernadores y que más los necesita para poder tejer otro tipo de acuerdos (para la ley de Bases, para que no se caiga el DNU, para el Pacto de Mayo) salió a bajarle el tono a esto.

¿Qué dijo el ministro del Interior? Dijo que, en realidad, los montos van a estar destinados, que lo que hay es un presupuesto que continúa del año pasado a este año. Lo que cambia son los nombres y las cantidades. Si se modifican las cantidades de las transferencias que hace la Nación a las cajas provinciales, por más que lo traten de dibujar de una manera o de otra, la realidad es que los gobernadores van a saltar.

Guillermo Francos dijo que no hay recortes, pero sí los hay por una cuestión matemática. No tenemos presupuesto 2024, lo que hay es una prórroga del presupuesto 2023. En el medio, hubo 211,5% de inflación en 2023, con lo cual, si se suma la de los primeros meses de 2024 y se trasladan los fondos presupuestarios, copiar y pegar, 2023 a 2024, lo que valía esa plata en el año pasado es mucho menos ahora. Para poner un ejemplo claro, que estuvo también en las noticias de esta semana, ¿qué pasó con la Universidad de Buenos Aires, la mejor de Latinoamérica, de donde salieron casi todos los presidentes, los premios Nobel, es un orgullo para la Argentina? Es que al repetirse el presupuesto 2023 para la UBA en 2024, pero con la inflación en el medio, ese presupuesto deja de ser importante, deja de ser racional, porque está la inflación. Lo mismo va a pasar si no actualizan los montos que la Nación les transfiere a las cajas jubilatorias de las provincias.

Por más que el presupuesto 2023 haya dicho lo que haya dicho, en 2024, tenemos otra inflación. José Luis Espert conminó a los gobernadores a “quejarse menos y meter motosierra”. Como dice el Gobierno, lo que hay que hacer es ajustar el gasto público para que los fondos que la Nación les transfiere a las provincias no queden desactualizados. Así, si las provincias gastan menos, el presupuesto de 2023, aun con inflación de por medio, sirve para pagar casi lo mismo en 2024.

El Gobierno toma esta medida en un contexto en que está necesitando que los gobernadores les pidan a sus diputados y senadores que voten en la ley Bases y que no volteen el decreto en la Cámara de Diputados, que ya lo voltearon en la Cámara de Senadores. Y necesita que los gobernadores firmen el Pacto de Mayo, el 25 del mes que viene. Por lo tanto, esta situación se arreglará tarde o temprano, pero forma parte de un tira y afloje permanente entre Presidencia de la Nación y los gobernadores en el marco de estos acuerdos que tienen que ir sellando para poder hacer que este país camine. Quizás, la semana que viene, reuniones por medio, llamados de teléfono por medio, lleguen a algún acuerdo y esto haya sido parte de una historia de desavenencias que la política nos exhibe todos los días, que no sea más que eso.

La opinión pública respalda “la motosierra” en el Estado

En términos concretos, los despidos en el sector público impactan en términos humanos, sí, claro que afectan, pero en términos comunicacionales, es muy interesante.

Algunos dirigentes, tanto del sector público como del privado, dicen que no es lo mismo despedir gente en el sector privado, porque este no se hace con plata pública, son empresas que invierten de la suya y, al despedir una gran cantidad de empleados, el impacto comunicacional es muy fuerte, es decir, se cerró una planta o se cerró una fábrica. No obstante, no está pasando lo mismo en la opinión pública con los despidos en el Estado ¿Por qué? Porque Javier Milei logró, inteligentemente, instalar una idea clara, avalada por la realidad, de que la Argentina tiene un Estado muy grande, que gasta mucho y recauda menos de lo que gasta. Logró afianzar la idea de que el Estado tiene que ser más chico. Entonces, los despidos impactan porque hay gente que se está quedando sin trabajo, pero en términos de opinión pública, no está impactando.

Las encuestas que se publicaron esta semana, de todos los colores políticos, dieron a Milei con una imagen positiva, él y su gestión, de 50% o 51%. En un país con tanta inflación, con tanto ajuste, con tanto impacto, 51% de imagen positiva es una cifra muy alta. Esto demuestra que los despidos tienen un efecto en la cuestión social, pero en la opinión pública todavía no se ven impactos negativos. Hay una sensación de que la gente votó a Milei para que haga esto, y no para que haga lo contrario, lo que venía haciendo el gobierno anterior.