Legisladores del Frente de Todos-Fuerza Patria presentaron un amparo colectivo en la Justicia Federal de Catamarca, denunciando la suspensión arbitraria de beneficios por parte de la ANDIS y el Gobierno de Milei. –eldiariodecatamarca.com
Diputados provinciales del Frente de Todos-Fuerza Patria presentaron un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Catamarca para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al considerar la medida como “ilegal, arbitraria e ilegítima”.
La acción judicial también busca el reintegro de los montos adeudados a los beneficiarios y la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que respalda estas resoluciones.
Una “obligación moral”
La presentación fue firmada por los diputados Pablo Castro, Adriana Díaz, Stella Nieva, Cecilia Barros y Josefina Herr, con la adhesión de otros legisladores como Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Juan Carlos Ledesma, Gladys del Moro, Claudia Palladino, Armando López Rodríguez, María Argerich, Hernán Díaz y Nicolás Zavaleta, todos con el patrocinio letrado de Carlos Hernán Vera.
Los legisladores remarcaron que la medida responde a una “obligación moral” frente a la vulnerabilidad de las personas afectadas y la falta de intervención del Defensor del Pueblo.
“Queremos evitar el abandono y desamparo de miles de catamarqueños con discapacidad”, señalaron.
Auditorías y suspensiones sin aviso
Según la demanda, la ANDIS inició en abril de 2025 una auditoría que derivó en la suspensión de pagos bajo el argumento de revisar los requisitos de los beneficiarios. Sin embargo, los diputados denunciaron que en muchos casos estas suspensiones se realizaron sin notificación fehaciente, dejando a las personas enterarse de la medida al intentar cobrar sus haberes.
La presentación cuestiona además el criterio nacional que limita la pensión a quienes “no posean bienes, ingresos ni recursos suficientes”, al considerar que esta definición desconoce los costos adicionales que implica vivir con una discapacidad, como equipamiento, prestaciones y tratamientos médicos especializados.
Derechos vulnerados
El escrito sostiene que la suspensión constituye una “grave afectación a los derechos fundamentales” de las personas con discapacidad, violando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina.
Los legisladores remarcaron que el recorte no solo atenta contra la protección social y el derecho a un nivel de vida adecuado, sino también contra el derecho a la salud, ya que las pensiones habilitaban el acceso al programa “Incluir Salud”, cobertura fundamental para sostener tratamientos y cuidados médicos.
“El grave peligro que supone para la vida y la integridad estar sin cobertura médica torna imperioso que se ordene la restitución inmediata de la pensión”, advirtieron en la presentación.
Contexto político
El reclamo se da en medio del escándalo político por presuntas coimas que involucra a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, lo que intensificó las críticas de la oposición provincial hacia el Gobierno nacional. En este escenario, los legisladores catamarqueños buscaron enfatizar la necesidad de que la Justicia actúe con urgencia para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la población.
