El diputado Mamerto Acuña, consideró que el esquema presentado no constituye una verdadera recomposición de los ingresos de los trabajadores estatales.- eldiariodecatamarca.com
Según planteó el legislador, la propuesta oficial no mejora de manera real el poder adquisitivo de los empleados públicos y, además, consolida un proceso de precarización laboral dentro de la administración pública. Acuña explicó que el incremento informado por el Ejecutivo se compone fundamentalmente de sumas fijas que se incorporarán de manera gradual durante el transcurso del año, lo que, a su entender, limita el impacto real de la medida sobre los salarios de los trabajadores.
De acuerdo con el análisis realizado por el legislador, el esquema salarial anunciado incluye un bono inicial y aumentos progresivos en los meses siguientes, que se implementarán gradualmente a lo largo del año.
En términos concretos, el mecanismo previsto contempla:
Un bono de $50.000 en marzo.
Incrementos que alcanzarían los $100.000 mensuales en los meses posteriores.
Sin embargo, Acuña señaló que al evaluar el impacto real del esquema, el aumento promedio resulta considerablemente menor de lo que podría interpretarse a partir de los anuncios iniciales. Según detalló, el incremento promedio rondaría los $58.500 mensuales, lo que equivale aproximadamente a un 5,5 % del salario promedio.
En ese sentido, el diputado sostuvo que el efecto real del aumento sería limitado frente a la dinámica de los precios. "Cuando se analizan los números reales, el incremento promedio ronda los $58.500 mensuales, lo que equivale aproximadamente a un 5,5 % del salario promedio. Es decir, un aumento que apenas cubre la inflación de dos meses", afirmó.
Cuestionamientos a la estructura del aumento
Más allá del monto del incremento, Acuña puso el foco en la forma en que se implementa el esquema salarial. Según explicó, el problema central radica en que gran parte de los aumentos se instrumentan mediante sumas no remunerativas y bonos, que no se incorporan al salario básico. Para el legislador, esta modalidad tiene consecuencias directas sobre la estructura salarial del Estado y sobre los derechos laborales de los trabajadores.
Entre los efectos que señaló se encuentran:
Debilitamiento del salario básico.
Impacto negativo en los aportes previsionales.
Distorsión de la carrera administrativa.
Deterioro de derechos laborales básicos.
"Cuando los aumentos no van al básico y se reemplazan por bonos o sumas fijas, lo que se está haciendo es precarizar el salario. Se afectan los aportes previsionales, se distorsiona la carrera administrativa y se deterioran derechos laborales básicos", sostuvo.
Impacto en el cálculo del aguinaldo
Otro de los puntos cuestionados por el diputado se vincula con el efecto que tendrán las sumas no remunerativas sobre el cálculo del aguinaldo. Acuña advirtió que los bonos anunciados no formarían parte del cálculo del medio aguinaldo, precisamente por tratarse de sumas que no tienen carácter remunerativo.
En consecuencia, el legislador anticipó que el medio aguinaldo que se abonará en junio probablemente será muy similar al que los trabajadores cobraron en diciembre, ya que los bonos no se integran al cálculo correspondiente.
Críticas a la posición política del oficialismo
El diputado también planteó una contradicción política en la postura del oficialismo respecto de las políticas laborales. Según expresó, el Gobierno provincial y varios de sus dirigentes cuestionan a nivel nacional las reformas laborales y la llamada modernización laboral impulsada por el presidente Javier Milei, manifestando preocupación por sus posibles efectos. Sin embargo, Acuña sostuvo que en la provincia se aplican medidas que van en una dirección similar.
"El Gobierno provincial y muchos de sus dirigentes se llenan la boca criticando a nivel nacional las reformas laborales y la llamada modernización laboral impulsada por el presidente Javier Milei y creando preocupación sobre su aplicación. Sin embargo, en Catamarca aplican en los hechos políticas que reemplazan salario por bonos y profundizan la precarización laboral dentro del propio Estado", expresó.
Dudas sobre la aplicación del esquema en el sector salud
Durante su análisis, el legislador también manifestó incertidumbre respecto de la implementación concreta del esquema salarial en determinados sectores de la administración pública.
Uno de los casos señalados fue el del sector de salud, donde, según indicó, existirían diferencias entre lo anunciado públicamente y lo que se habría acordado. De acuerdo con lo publicado, el acuerdo firmado en ese sector contemplaría únicamente una actualización bimestral de salarios, sin incluir los bonos anunciados dentro del esquema general.
Esta situación genera interrogantes acerca de cómo se aplicará efectivamente el incremento en distintos ámbitos del empleo público.
Propuestas para una recomposición salarial
En el tramo final de su planteo, Acuña sostuvo que la crisis salarial que atraviesan miles de trabajadores en la provincia requiere decisiones políticas de fondo, y no anuncios que, según consideró, terminan perdiendo impacto con el paso del tiempo. El legislador planteó la necesidad de avanzar en medidas estructurales orientadas a recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Entre las propuestas que mencionó se destacan:
Incorporar los aumentos salariales al salario básico.
Establecer mecanismos de actualización automática vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Priorizar el uso de los recursos provinciales para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
En ese marco, Acuña sostuvo que la provincia cuenta con recursos suficientes para avanzar en esa dirección.
"Mientras los salarios pierden poder adquisitivo, la provincia mantiene miles de millones de pesos en colocaciones financieras y un gasto político que sigue creciendo. El problema no es la falta de recursos, sino las prioridades", afirmó.
