El órgano del Ministerio Público especializado en corrupción a cargo Sergio Rodríguez, advirtió graves falencias en la compra, control y la distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó un informe en la causa a cargo del juez Sebastián Casanello, cuya investigación encabeza la fiscal federal Paloma Ochoa sobre la gestión de alimentos destinados a planes sociales.
A criterio de la PÍA, no es posible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos comprados y almacenados por el Ministerio de Capital Humano, ni determinar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales.
En el documento remitido a la fiscal Ochoa, se analizó el cumplimiento de la medida cautelar dictada por Casanello que en su momento ordenó a la cartera a cargo de Sandra Pettovello, informar el stock de alimentos, así como también su origen administrativo y en consecuencia presentar un plan de distribución inmediato.
Otro de los aspectos determinantes del informe de 39 páginas destaca la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas que debían ser entregados en los galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires y Tafí Viejo en Tucumán.
En función de ello, la PIA detectó retrasos, entregas incompletas y documentación faltante en varios proveedores. En algunos casos, no pudo comprobarse si la mercadería que figuraba como “entregada” efectivamente había ingresado a los depósitos, “no es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación”, señala el dictamen que además remarca que no se encontraron facturas ni constancias de pago que acrediten la cancelación de esas compras millonarias.
Para la PIA, la falencia más grave va en línea con lo planteado por Juan Grabois quien actúa como querellante en la causa y tiene que ver con la entrega de los alimentos a los beneficiarios de los planes, pues en mayoría de los remitos de salida no cuentan con la firma de los destinatarios “está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios”.
Los remitos tampoco detallan marcas, lotes ni pesos específicos de los productos, cuestión que imposibilita la vinculación con alimentos comprados, para la Procuración de Investigaciones Administrativas “obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico”.
El informe cierra con una fuerte crítica a la ausencia de normas y procedimientos formales para la distribución de alimentos. En varias de sus contestaciones al juez y la fiscal, Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas que definan cómo se reparten los alimentos, y que las decisiones dependían de la “definición política de la autoridad”.
