La imputada está señalada por presuntos abusos contra dos mujeres en 2015. Su defensa pidió prescripción, pero la Justicia confirmó que el proceso sigue en marcha. –eldiariodecatamarca.com
El fiscal de Instrucción N°2 del Distrito Este, Laureano Palacios, elevó a juicio una causa en la que se encuentra imputada una integrante de la Policía de la Provincia, acusada por el delito de “severidades y vejaciones ilegales agravadas por haber sido cometidas con violencia”. La imputada de apellido Moya, quien se desempeña actualmente como Oficial Ayudante en la fuerza.
Durante el proceso de investigación penal preparatoria, la defensa de Moya solicitó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, alegando que el plazo para juzgarla habría vencido en 2020 y que el trámite judicial superó un “plazo razonable”. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella particular se opusieron al pedido, argumentando que, al tratarse de una funcionaria pública en ejercicio, el plazo de prescripción se encuentra suspendido, conforme al artículo 67 del Código Penal.
El planteo fue resuelto por el Juzgado de Control de Garantías N°3, a cargo del juez Lucas Vaccaroni, quien rechazó el pedido de prescripción y dispuso la continuidad del proceso hacia el juicio oral, decisión que fue notificada a las partes en agosto pasado.
Actualmente, la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones, luego de que la defensa se opusiera a la elevación a juicio confirmada por el juzgado de garantías.
El hecho
El caso se remonta a mayo de 2015, cuando dos mujeres que trabajaban en la peatonal Rivadavia denunciaron haber sido agredidas y vejadas por efectivos policiales. De acuerdo con la acusación, un grupo de agentes entre ellos la imputada Moya, se presentó en el lugar para desalojarlas, a pesar de que las víctimas afirmaron contar con permiso para permanecer allí.
Ante la insistencia policial, una de las mujeres comenzó a filmar la situación con su celular. Poco después, ambas fueron trasladadas a la Comisaría Primera, donde, según la investigación, fueron sometidas a actos de vejación y severidad.
El trabajo del Ministerio Público Fiscal permitió reunir elementos que señalan responsabilidad penal en la conducta de la numeraria policial, por lo que se formuló la correspondiente acusación y se solicitó la elevación a juicio.
El rechazo a la prescripción
En mayo de este año, la defensa de Moya presentó el pedido de prescripción, sosteniendo que los tiempos procesales habían excedido lo permitido por la ley.
Sin embargo, la fiscalía refutó ese argumento, señalando que Moya continúa en funciones dentro de la Policía en carácter de personal de planta permanente, lo cual suspende los plazos de prescripción, según la legislación vigente.
En su resolución, el juez Vaccaroni sostuvo que no se configuró la extinción de la acción penal, ni se acreditó una violación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable. Afirmó que el tiempo transcurrido responde a la complejidad del hecho investigado, las etapas propias del proceso penal y las actuaciones de los distintos órganos judiciales intervinientes.
De este modo, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, aunque ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver el último recurso presentado por la defensa.
