El líder del Polo Obrero se presentará ante la Justicia para dar explicaciones por presunta administración fraudulenta de fondos del Estado. A las 12 dará una conferencia de prensa.
El juez Sebastián Casanello quiere saber si el Polo Obrero usó facturación "apócrifa" y fingió "gastos no concretados" para ocultar el verdadero uso de una partida de fondos recibidos por parte del Estado. La maniobra habría ocurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2022 y se resume como hipótesis en que "lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria".
En este cuadro aparece el líder del movimiento, Eduardo Belliboni, que este martes será indagado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de los tribunales federales de Comodoro Py, a las 9, acerca de su presunta participación en la administración —que habría sido fraudulenta— de los fondos de la organización social recibió como parte del plan Potenciar Trabajo.
Lo que la Justicia intenta determinar es si Belliboni usó el dinero que se asignó a su asociación civil y a la cooperativa de trabajo El Resplandor para hacer compras a dos empresas que habrían emitido facturas falsas. Él firmó convenios con el Estado y presentó rendiciones de cuentas del Polo Obrero como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
Belliboni no llegará solo a Comodoro Py. Lo hará junto a organizaciones piqueteras y sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos que lo esperarán durante su declaración y lo acompañarán posteriormente, a las 12, en una conferencia de prensa en la que el líder del Polo Obrero explicará qué dijo frente a la Justicia.
Según pudo anticipar MDZ, en su declaración, Belliboni, denunciará que la causa judicial "forma parte de una campaña de persecución política montada por el Gobierno nacional contras las organizaciones políticas y sociales que se oponen al ajuste brutal que aplica Javier Milei". También apuntará contra "las medidas represivas directas" y la "persecución judicial".
Para el piquetero, detrás de esta investigación hay una fuerte participación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre quien considera que quiere "destruir a las organizaciones sociales y vulnerar el derecho a reclamar". También que "lanzó un operativo de chantaje y extorsión a la población amenazándola con quitarle la asistencia social si concurre a una marcha".
Belliboni no sólo planea responderle al juez Casanello, además anticipó que "refutará las acusaciones falsas lanzadas desde varios medios de comunicación y defenderá el gran trabajo realizado por el Polo Obrero", informaron desde el movimiento.
La ronda de citaciones de este martes también incluirá a Maria Dotti, la mujer a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y que dijo que se trataba de la venta de una propiedad; y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, a la que se investiga por la emisión de facturas falsas.
La causa también quiere determinar si existieron amenazas o extorsiones a beneficiarios del plan que habrían consistido en entregar el beneficio del Estado a cambio de participación en marchas, trabajo en comedores o militancia durante la última campaña. Por esta razón hubo indagatorias la semana pasada, entre ellas a Jeremías Cantero, el número dos de Belliboni.
Leila Gianni, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, escribió en su cuenta de la red social X: "Avanza la causa de los MILITANTES DEL HAMBRE, que se inició a partir de la denuncia efectuada por este Gobierno, por el desvío de fondos públicos hacia organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, que extorsionaba a los más vulnerables con aprietes, y cuadernos de asistencia" y agregó: "Las defensas intentan dilatar una investigación llena de pruebas contundentes, que marcará un hito histórico en la lucha contra la corrupción, connivencia y complicidad de la 'casta política' con los 'militantes del hambre'".
