La resolución alcanzó al tesorero de la AFA, a familiares, socios y seis empresas que habían sido incluidos en la investigación.
La causa que involucra a Pablo Toviggino tuvo un nuevo movimiento judicial. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sobreseyó a seis empresas y trece personas vinculadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La resolución también alcanzó a seis sociedades que formaban parte del expediente. El magistrado tomó su decisión a partir de una resolución previa de la Justicia Federal de Santiago del Estero, donde se había iniciado la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con fondos de la AFA.
El expediente original había sido impulsado por el fiscal federal Pedro Simón. El funcionario había planteado posibles delitos de defraudación, lavado de activos y asociación ilícita y había pedido medidas contra Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino.
El antecedente de Santiago del Estero
La investigación comenzó después de una denuncia presentada en diciembre de 2025. La fiscalía santiagueña puso bajo análisis movimientos patrimoniales y operaciones de sociedades relacionadas con Toviggino.
El fiscal Simón había sostenido que distintas empresas vinculadas con el grupo habían recibido fondos de la AFA mediante facturas correspondientes a servicios que, según su hipótesis, no habían sido prestados. La acusación también contemplaba operaciones posteriores entre sociedades relacionadas.
La investigación incorporó información de ARCA, la Inspección General de Justicia, registros de la propiedad inmueble y automotor y datos de Migraciones. El Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero rechazó el requerimiento de instrucción que incluía pedidos de indagatoria y detención, además de considerar que no tenía competencia territorial para investigar la presunta sustracción de fondos de la AFA.
La jurisdicción pasó entonces a Campana porque la Asociación del Fútbol Argentino tiene domicilio legal en Pilar. La apelación contra la decisión santiagueña tampoco avanzó después de que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán desistiera del recurso.
Quiénes quedaron alcanzados por el sobreseimiento
González Charvay recibió los planteos de las defensas y sostuvo que no existía una acción penal legalmente promovida contra las personas y empresas señaladas. El juez también indicó que no se habían dispuesto medidas cautelares contra los involucrados dentro de este expediente.
La resolución incluyó a familiares de Toviggino, parejas y personas vinculadas con distintas sociedades. Entre los sobreseídos figuran:
Darío Fabián Toviggino, hermano de Pablo Toviggino.
Máximo Augusto Toviggino, hijo del tesorero de la AFA.
María Valentina Toviggino, hija de Pablo Toviggino.
María Julia del Castillo Orellana, expareja de Toviggino.
Julia Argentina Orellana, madre de María Julia del Castillo Orellana.
Manuel Hernán del Castillo Orellana, hermano de María Julia del Castillo Orellana.
María Florencia Sartirana, pareja actual de Toviggino y empleada de la AFA.
Rosalía Argañaraz, pareja de Darío Toviggino.
Guillermo Luis Santillán, socio comercial y persona de confianza.
Gabriel Leonardo Gorosito, socio comercial y persona de confianza.
Gladys Mirta Aranda.
Gabriela Verónica Coronel Peña.
Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni.
Las empresas alcanzadas fueron HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SAS.
Los abogados de algunos de los involucrados habían pedido el cierre de la causa y cuestionaron las hipótesis planteadas por el fiscal. La defensa de parte de la familia Toviggino sostuvo que los análisis patrimoniales, fiscales y bancarios no habían encontrado elementos que vincularan las operaciones de sus representados con activos de origen delictivo.
Los representantes de Sartirana y de WICCA SAS y VANDAP SAS también señalaron que las investigaciones tributarias y societarias no habían detectado transferencias directas de la AFA vinculadas con los supuestos servicios inexistentes. La resolución todavía puede ser apelada. El fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, tiene plazo hasta el 14 de octubre para definir si acepta el fallo o recurre ante la Cámara Federal de San Martín.
