Así lo determinó la fiscal Yesica Miranda, tras finalizar con la investigación del hecho recolectando elementos de pruebas requeridos para esta instancia. Los hechos denunciados en 2018 que tienen como víctimas a niños de entre 7 a 11 años. –El Diario de Catamarca

La fiscal de Instrucción N°1, Yesica Miranda, finalizó el periodo investigativo de una causa de abuso sexual, que tiene como acusado a un docente. En base a los elementos de pruebas y con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, la fiscal imputó al acusado por el delito de “abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación en calidad de autor” (hecho primero, tercero y cuarto) y de “abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación, en calidad de autor en grado de tentativa” (hecho segundo). 

Los hechos fueron denunciados en 2018, por los padres de las víctimas, niños de entre los 7 a 11 años, que asistían a una escuela en donde se desempañaba el docente en el interior provincial. 

Los datos del establecimiento se mantendrán en resguardo para proteger la integridad de las víctimas. Según figura en el expediente de la causa, las denuncias se realizaron en abril del 2018, en las acusaciones se sindico que los hechos habrían ocurrido en el mes de marzo. Según la misma, relata que el docente imputado dictaba clases un solo día a la semana, aprovechando este momento, valiéndose de su condición, de la confianza y vinculo que tenía con los niños, aprovechó para abusar sexualmente realizándoles tocamientos impuros en sus partes íntimas.

Según contaron las mismas víctimas, esto ocurría cuando se acercaban a él con una consulta sobre las tareas.

Tras las denuncias, la fiscal inició la investigación y solicitó informes a los directivos de la escuela sobre el docente acusado. Paralelamente, se requirió al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) evaluar a los niños involucrados para determinar si se encontraban en condiciones de declarar en Cámara Gesell, una instancia clave para proteger a las víctimas. 

Este proceso, esencial para garantizar el bienestar de los menores, implicó un tiempo considerable, ya que las valoraciones debían confirmar que los niños estaban aptos para brindar testimonio sin afectar su integridad emocional.