Ocho años después de la tragedia, cuatro exjefes de la Armada se sentarán en el banquillo de los acusados imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo agravado por el deceso de los 44 tripulantes de la nave.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz comenzará este martes el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El debate se realizará en Río Gallegos y se extenderá hasta el 8 de julio, con audiencias programadas de lunes a jueves en semanas alternas.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que duró más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. La implosión que destruyó el submarino costó la vida a los 44 tripulantes que viajaban a bordo.
El principal acusado es el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien ocupaba el cargo de comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de la tragedia. Junto a él se sentarán en el banquillo el capitán de navío Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Los cuatro deberán responder por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El debate estará presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a sus pares Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal actuará a través de un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan, acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate. Las querellas de los familiares están representadas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.
Entre los testigos citados por el tribunal figuran sonaristas que participaron de la búsqueda, oficiales navales y miembros del alto mando de la Armada, incluido el actual jefe de Estado Mayor, almirante Juan Carlos Romay, designado en diciembre de 2025. Ni el expresidente Mauricio Macri, su exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Defensa Oscar Aguad, investigados durante la instrucción, serán convocados, pues la fiscalía desistió de citarlos como testigos.
Una de las pruebas centrales que se analizará durante el juicio es el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity y almacenado en discos rígidos con claves alfanuméricas de desencriptación. También se incorporará documentación confidencial remitida por la Armada Argentina con carácter de secreto militar, que contiene planos e imágenes del ARA San Juan con cortes longitudinales y transversales de sus sistemas internos.
Las defensas solicitaron el testimonio de un especialista de la empresa alemana Thyssen-Krupp, fabricante de componentes del submarino, para que responda preguntas sobre el informe ya elaborado por la firma, sin posibilidad de aportar nuevos elementos periciales. Asimismo, se solicitó a la Corte Suprema la designación de un perito intérprete que facilite la comunicación.
La definición de realizar el juicio en Santa Cruz y no en Mar del Plata requirió la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, resolvió mantener la competencia del tribunal santacruceño por haber sido el que instruyó la causa desde sus inicios. El fundamento central fue que, al no haber llegado el submarino a puerto alguno —fue destruido en alta mar—, la ley indica que debe intervenir el tribunal que previno. Un tercer juez, Javier Carbajo, votó en disidencia en favor de Mar del Plata.
La querella de Carreras, que representa a 34 familias de víctimas, impulsó la radicación del proceso en el sur, mientras que el también querellante y familiar de uno de los tripulantes fallecidos, Luis Tagliapietra, había sostenido que el juicio debía celebrarse en Mar del Plata, ciudad de residencia de gran parte de las familias afectadas.
