El juez federal Ariel Lijo procesó a 19 personas sin prisión preventiva y amplió las imputaciones contra otras cinco por presuntas maniobras con compras de insumos médicos y ortopédicos.
El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y de otros exfuncionarios y empresarios investigados por presuntas maniobras de corrupción en la compra de insumos médicos.
En la resolución a la que tuvo acceso MDZ, también extendió las acusaciones contra el número dos de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, ordenó embargos millonarios y sumó imputaciones por presunto lavado de dinero.
La investigación, impulsada a partir de pruebas reunidas por el fiscal federal Franco Picardi, busca determinar cómo se habrían direccionado contrataciones públicas para beneficiar a un grupo reducido de proveedores. Según la hipótesis judicial, las operaciones habrían comprometido alrededor de $75.478 millones de fondos estatales y se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mediante acuerdos entre funcionarios de la agencia y representantes del sector privado.
Este tramo del expediente se concentra en la adquisición de insumos médicos de alto costo destinados, entre otros beneficiarios, a personas que dependen de la cobertura estatal para acceder a prótesis, audífonos, implantes auditivos, dispositivos cardiológicos, elementos de traumatología, sillas de ruedas y andadores. La causa se suma a otra línea de investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, sobreprecios y pago de sobornos dentro del organismo.
Para Ariel Lijo, el presunto esquema habría utilizado el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la Andis en junio de 2024, para limitar la competencia entre proveedores. Los investigadores sospechan que algunos procedimientos se habrían organizado con grupos reducidos de empresas que simulaban competir, mientras las adjudicaciones se acordaban de antemano. También se analiza si determinados participantes recibieron información privilegiada sobre cotizaciones, órdenes de compra y pagos.
Los montos examinados reflejan la dimensión de las contrataciones bajo sospecha. En el rubro de insumos cardiológicos, Farma Salud SRL concentró cerca del 90% de las órdenes de compra analizadas entre octubre de 2024 y agosto de 2025, por un total de $13.732 millones. Además, las contrataciones de sillas de ruedas y andadores sumaron unos $14.560 millones, mientras que en traumatología también se detectó una concentración de adjudicaciones en un grupo acotado de proveedores.
En ese contexto, Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo por los hechos vinculados con las compras de insumos y elevó el embargo sobre sus bienes a más de $47.100 millones. Garbellini, quien fue segundo del exdirector y es señalado como presunto jefe de la organización investigada, también quedó alcanzado por la ampliación del procesamiento, con un embargo superior a los $47.004 millones.
Calvete, a quien los investigadores atribuyen un papel de nexo articulador entre funcionarios y empresarios, enfrenta nuevas imputaciones por su presunta participación en las contrataciones irregulares y por lavado de activos agravado. El embargo sobre sus bienes fue fijado en más de $47.139 millones.
Entre los elementos analizados figuran presuntos beneficios económicos a favor de Diego Spagnuolo. La resolución menciona que Calvete le habría entregado cinco millones de pesos en efectivo en junio de 2025 y que habría intervenido en la cancelación de deudas vinculadas con la compra de muebles mediante transferencias de una empresa relacionada con él. Esas operaciones forman parte de las pruebas que la Justicia deberá evaluar durante el avance de la causa.
Los nuevos procesamientos también alcanzan a otros empresarios y representantes de proveedores, entre ellos Federico Santich, Andrés Arnaudo, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Martín Armella y Osmar Caballi, además de integrantes de la familia Sagues. Las imputaciones varían según la intervención que se les atribuye en la presunta coordinación de ofertas, el direccionamiento de contratos y la distribución de beneficios.
Por otra parte, Lijo procesó sin prisión preventiva a Alan Pocovi y Sergio Mastropietro por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado. La investigación busca establecer si ambos participaron en la recepción y canalización de fondos provenientes de empresas contratistas de la agencia.
El magistrado también dictó la falta de mérito para once personas, al considerar que, por el momento, no hay elementos suficientes para procesarlas ni para sobreseerlas. La investigación continuará para precisar sus posibles responsabilidades y reconstruir el recorrido del dinero.
