El pequeño pueblo estableció una "ecotasa" para los turistas, pero este tipo de medidas ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
Al norte del país, en medio de las montañas de Salta, un pueblo decidió, a través de su Concejo Deliberante, estableció una ecotasa de al menos $2.000 para los turistas. El número para los extranjeros será de unos $4.000 y además se estableció una tarifa de $500 por estacionar dentro del poblado. El Gobierno provincial busca desactivar la medida que generó polémica.
El pueblo de Iruya es un pequeño y pintoresco poblado en la provincia de Salta al que sólo se llega desde la provincia de Jujuy luego de un intrincado camino por las montañas. Allá lejos y donde termina la única ruta que lo conecta con el resto del país, el Concejo Deliberante tomó esta apresurada medida frente al creciente turismo que recibe año a año.
La medida es apresurada por un simple motivo: la Constitución Nacional. La carta magna de la República Argentina establece en su artículo 9 que "en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso", lo cual elimina las aduanas interiores que, previo a su sanción en 1853, existían.
La ordenanza 13/24, firmada por el intendente Eugenio Herrera (Partido Justicialista), fijó las tasas y despertó polémica en toda la provincia pero también en el lugar, que vive esencialmente del turismo. El miedo de los iruyenses es que esto impacte directamente en la llegada de turistas que buscan conocer el pequeño pueblo que aparece sorpresivamente entre las montañas con la histórica capilla que engalana el valle donde se ubica.
Las tasas de $2.000 para argentinos y $4.000 para los extranjeros usa como medida el precio del litro de nafta Infinia, por lo que se actualizaría en base al aumento que se genere sobre este insumo. Además, se incluyó un costo de estacionamiento de $500 que abarca a todas las calles del pueblo, tanto en el centro como en "la banda", al otro lado del Río Grande que parte a la mitad la villa montaraz.
La medida tomó por sorpresa a varios turistas que se acercaron al lugar luego de su sanción el último viernes, teniendo que pagar la tarifa una vez que llegaron al pueblo. Algunos, luego del intrincado camino accedieron a pagar, pero otros optaron por negarse a pagar la tarifa al cobrador que los detuvo en las cercanías de la terminal de ómnibus, único ingreso a Iruya.
Según marcaron en un comunicado oficial, la ordenanza busca abastecer de fondos al municipio para el mantenimiento de los diferentes sitios turísticos que tiene el lugar. Desde el Gobierno de la provincia de Salta buscan entablar un dialogo que desactive la medida, además de ofrecer una solución que impida que este tipo de medidas existan.
Mientras tanto, la medida no solo es obviamente inconstitucional en el marco del texto que elimina las aduanas interiores desde 1853, sino que ya hay sentado un precedente al respecto. En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la creación de una "ecotasa" en San Carlos de Bariloche era inconstitucional, por lo que el municipio rionegrino deberá dejar de cobrarla si no quiere incurrir en un delito contra el Estado nacional.
